La propuesta del PSOE y Unidas Podemos para suprimir el delito de sedición se abrirá definitivamente paso en el Congreso, después de que la noche de este jueves la cámara ha apoyado tramitar la iniciativa después de un agrio debate repleto de críticas al Ejecutivo por parte de la oposición, que la considera un pago al independentismo.
Al filo de la 1 de la madrugada, tras una maratoniana jornada parlamentaria en la que el Gobierno ha conseguido sacar adelante los Presupuestos Generales de 2023, la cámara baja ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa, con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones que los diputados han ido anunciando uno a uno y a viva voz.
Eso sí, con la advertencia de algunos grupos minoritarios de que presentarán enmiendas al considerar que el nuevo delito de "desórdenes públicos agravados" puede criminalizar las protestas y movilizaciones.
El nuevo delito rebajaría las penas
La reforma propuesta aboga por borrar el delito de sedición del Código Penal y convertirlo en "desórdenes públicos agravados" con una rebaja de 15 a 5 años de la pena máxima de prisión y contempla hasta 8 años de inhabilitación.
Una iniciativa que ha vuelto a concentrar las críticas de la derecha del arco parlamentario, que ve en ella una cesión al independentismo catalán a cambio del apoyo a los Presupuestos, algo que ha negado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
El debate, que se ha prolongado durante más de dos horas, se ha producido en ausencia del Gobierno, lo que ha sido objeto de reproches, y sólo a mitad del mismo se ha podido ver en la bancada del Ejecutivo a su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque en el momento de la votación se han ido incorporando algunos ministros.
Para PSOE y UP la medida mejora la relación con Catalunya
El PSOE, por boca de Francisco Aranda, y Unidas Podemos, de la mano de Jaume Asens, han defendido la necesidad de suprimir el delito de sedición para adaptar el Código Penal a los "estándares europeos", y han reivindicado la apuesta por el diálogo y la convivencia del Gobierno en Catalunya frente a la falta de propuestas del PP en la comunidad autónoma.
"Nunca hubo más independentismo que con Rajoy", ha sentenciado Aranda, del PSC, que ha presumido de que, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "se ha rebajado la tensión política y social" en Cataluña, donde los ciudadanos "están cada vez menos interesados en la independencia".
Argumento compartido por Asens, que ha achacado al PP ser una "fábrica de independentistas" frente a una propuesta que considera "un paso importante para recuperar la normalidad democrática en Cataluña", a la vez que ha lanzado duras críticas a JxCAT por su oposición a la reforma: "Recordamos cuando se llamaban CiU y apoyaban los recortes del PP y criminalizaban las protestas".
PP: " Una reforma tramposa para los golpistas"
Se esperaban duras críticas del PP y así ha sucedido. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha reprochado al Gobierno la "tramposa y fraudulenta" propuesta de reforma, hecha "al dictado de (Oriol) Junqueras y a la medida de los golpistas", en alusión a los condenados por el "procés".
Porque para Gamarra, no se trata de "convivencia sino de conveniencia", en alusión al apoyo de ERC y de EH Bildu a los Presupuestos. "Sus socios exigen pagos al contado", ha espetado la diputada, quien ha dicho que "hoy es día de cobro".
También agresiva ha sido la intervención del diputado de Vox Javier Ortega-Smith, para quien la propuesta sólo busca "facilitar la vuelta de los cobardes fugados", como el ex presidente catalán Carles Puigdemont, mientras que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de hacer "Códigos Penales a medida de los delincuentes" y de defender a "cuatro señoritos nacionalistas que llevan toda la vida viviendo muy bien a costa del 'procés".
De "Reforma Sánchez-Aragonés" -en referencia al presidente del Gobierno y al de Catalunya- ha catalogado Josep Pagès, de JxCAT, una propuesta "que salva a unos pocos" y que pone en peligro el derecho de protesta, y ha dejado claro que no van a ser "los tontos útiles" que la avalen.
Pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha negado que la reforma sea una concesión a su partido ni al independentismo y ha dicho que con ella se le pone "un poco más difícil al juez o jueza facha de turno (...), quitando el juguete a jueces fascistas", una expresión que le ha recriminado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Rufián se ha dirigido a JXCAT, sin nombrarlo, para instarles a que sean parte de una solución y no del problema y a que, como ha hecho ERC, ayuden "desde Madrid" a sacar adelante leyes que han salvado la vida a millones de personas en la pandemia.
El PNV ha apoyado la toma en consideración de la propuesta como un primer paso para afrontar el debate territorial.
Desde Bildu, Jon Iñarritu ha visto en esta reforma una medida "positiva" para "desjudicializar" el conflicto político de Catalunya y "sacar de los tribunales lo que nunca debió llegar a ellos".
No ha gustado, sin embargo, la propuesta a la CUP, que se ha abstenido al considerar que corre el riesgo de penalizar el derecho de protesta, en línea de otros partidos como BNG o PdeCAT.