La jubilación demorada se extiende gracias a los incentivos para la pensión

Las reformas de las pensiones acometidas en la última década por los distintos Gobiernos tienen como objetivos alargar la carrera laboral de los trabajadores, ampliar los ingresos por cotizaciones y, en definitiva, asegurar la sostenibilidad del sistema público, amenazado por el desequilibrio entre pensionistas y cotizantes. En este sentido, el Ministerio que dirige Elma Saiz ha dado recientemente datos acerca de la jubilación demorada –la que se desarrolla a partir de un año después de la edad legal de retiro–, subrayando que en los meses de enero y febrero el 10,5% de las casi 60.000 nuevas altas en el sistema correspondían a esta modalidad. Es decir, que uno de cada diez trabajadores que se retira ya está eligiendo esta opción. Supone un considerable aumento respecto, por ejemplo, al 4,8% que había en 2019, antes del estallido de la pandemia, pero también a la situación con la que se acabó el año 2022, cuando ese porcentaje fue del 5,8%.

Las razones hay que encontrarlas en los incentivos económicos con los que la Seguridad Social busca que este modelo de jubilación se convierta en una decisión atractiva para el trabajador y no en una imposición. Es decir, convencer en lugar de obligar. En la pasada legislatura, entraron en funcionamiento varios de los cambios previstos en la reforma general que lanzó el anterior ministro del ramo, José Luis Escrivá. Desde enero de 2022, operan una serie de nuevos incentivos para retrasar la jubilación. Así, el trabajador que opte por dilatar de forma voluntaria el momento de la jubilación percibe un complemento económico en la pensión que le toque percibir. Un beneficio que el trabajador puede elegir entre dos opciones que se le plantean. Por un lado, un porcentaje adicional del 4% por cada año completo cotizado después de cumplir la edad ordinaria, lo que supondrá un aumento de la cuantía de la pensión. Y, por otro, “una cantidad a tanto alzado por año cotizado, que va a depender de los años que se haya cotizado cuando se llega a la edad de jubilación, y que va desde los 5.000 a los 12.000 euros aproximadamente”, según explica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En este caso, se trataría de una cantidad que se recibe en el momento de la jubilación.

Además, desde mayo del año pasado está en vigor una fórmula “mixta” que recoge características de las dos anteriores. Se trata de una modalidad que permitirá a aquellos que opten por ella y retrasen su jubilación entre 2 y 10 años, recibir “simultáneamente” un incremento de su pensión del 2% por cada año que demoren el acceso a la jubilación, y un pago único equivalente a la mitad del que le correspondería si optaran por la fórmula actual del pago único. Si opta por retrasar 11 años o más, el incentivo será de un pago único aplicado a 5 años del periodo demorado y un incremento del 2% de la pensión por cada año de demora, según las condiciones que explicó entonces el departamento de José Luis Escrivá.

Los distintos mecanismos parece estar surtiendo efecto. Según los datos oficiales presentados hace ahora casi un año, una de cada dos jubilaciones demoradas apuesta por retrasar la edad de retiro lo mínimo –un año–, pero una de cada cuatro (el 25%) ya escoge postergar el abandono de la carrera profesional “más de tres años”. Además, como constató el Ministerio de Seguridad Social, “el atractivo de la modalidad del pago único crece”, subrayando que la cuantía media del pago extraordinario para estos pensionistas es de 13.087 euros.

Otro de los factores que influyen en el retraso de los retiros tiene que ver con la aplicación de coeficientes reductores mensuales para las jubilaciones anticipadas voluntarias, una medida introducida también en la pasada legislatura y que está dando sus frutos a la hora de mantener en activo a trabajadores que enfilan la recta final de sus carreras. De cara a este año, la edad mínima de jubilación anticipada voluntaria se ha retrasado hasta los 64 años y 6 meses para aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años, pero se mantiene en los 63 años en caso de disponer con más de 38 años de cotización en la vida laboral.

La legislación recoge que es posible jubilarse anticipadamente de manera voluntaria hasta dos años antes de la edad legal de jubilación, siempre y cuando se hayan cotizado un mínimo de 35 años. No obstante, para calcular la pensión se aplican unos coeficientes reductores, en función del número de meses de adelanto de la edad de jubilación y del periodo de cotización total que se ha acumulado. Coincidiendo con la entrada en vigor de los cambios sobre la jubilación demorada, también comenzaron a operar las modificaciones en estos coeficientes. Hasta enero de 2022, estos coeficientes eran trimestrales, pero a partir de entonces son mensuales, correspondientes a cada mes de adelanto de la edad de jubilación. Se sitúan entre un máximo de un 21% en caso de adelantar 24 meses la edad de jubilación y contar con menos de 38 años y 6 meses cotizados y un mínimo del 2,81% en caso de adelantar un mes la jubilación y tener más de 44 años y 6 meses cotizados. Estas penalizaciones están surtiendo efecto: si el año pasado el porcentaje de nuevas altas anticipadas voluntarias era del 33% del total, ahora está alrededor del 20%.