La jueza envía a prisión al detenido por violar a una menor de 12 años en Iruña

La jueza de guardia de Iruña ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de N. B., detenido por la supuesta violación de una menor de 12 años y 11 meses de edad en la capital navarra. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona imputa al investigado un delito de agresión sexual con violencia, penado con entre 10 y 15 años de prisión. 

En la comparecencia celebrada este lunes, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión provisional del imputado, petición a la que se ha adherido la acusación particular. La defensa, por su parte, ha abogado por la puesta en libertad y ha planteado que se interpusieran medidas menos gravosas, como el control telemático. 

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la jueza sin embargo considera pertinente la prisión provisional al considerar que existe "un inminente riesgo de fuga, ya que, de la documentación que consta en el atestado, se comprueba que es extranjero, sin arraigo familiar, social ni laboral". En concreto, según consta en el auto, cuando el investigado era menor de edad estuvo acogido en un centro de Marcilla y, actualmente, vive en Iruña en un piso de una asociación de ayuda, con cuatro chicos más, con supervisión de educadores.

En cuanto a los indicios de criminalidad, la magistrada señala que la víctima "presenta un relato coherente y sin contradicciones". Además, la jueza resalta que las diligencias que se han realizado -las investigaciones policiales y los reconocimientos médicos y forenses- constatan evidencias compatibles con los hechos denunciados. "Existen indicios de que el investigado pueda haber cometido una presunta agresión sexual sobre una menor de 12 años y 11 meses" y de que "dicha agresión pueda haber sido realizada con violencia", asegura la jueza, que califica los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual (violación), que puede ser castigado con "altas penas de prisión, en concreto de 10 a 15 años".

Respecto al investigado, la jueza destaca su "nula colaboración para la obtención de muestras de ADN y el análisis del contenido del teléfono. También indica que se ha acogido a su derecho a no declarar y, por tanto, no ha prestado una versión de descargo de los hechos imputados.