La jueza procesa a Eduardo Zaplana por el caso Erial

La instrucción del denominado caso Erial, que ha investigado el supuesto cobro de sobornos que pudo haberse embolsado el exdirigente del PP Eduardo Zaplana y varios de sus colaboradores, ha finalizado cuatro años después de la detención del exministro.

Fue el 22 de mayo de 2018 cuando se detuvo a Zaplana -y a otros investigados en esta causa-, si bien se le puso en libertad el 7 de febrero de 2019, aunque de esos 259 días 51 los pasó en el Hospital La Fe de Valencia, donde fue asistido para controlar varias dolencias que son consecuencia de la leucemia que padece desde 2015.

Aunque fue hace cuatro años cuando se conoció esta causa, la investigación se inició en 2015 por el Juzgado de instrucción número 8 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de unos papeles aportados por el Yonqui del dinero, Marcos Benavent, con indicios de presuntas actividades delictivas de Zaplana.

Qué es el caso Erial

El caso Erial se centra en las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y en el plan eólico autonómico en 2011. El caso se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y del plan eólico en la Comunitat.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, han logrado recuperar cerca de 7 millones de euros que habían sido transferidos a una entidad bancaria suiza y cuya propiedad, al 90 %, es de Zaplana, según estimaciones de las fuentes judiciales consultadas.

Según consta en el sumario del caso, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros.

Parte de estos supuestos sobornos fue a parar a dos sociedades de Luxemburgo en una operación accionarial efectuada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos se hicieron, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo empresarial de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

Además de la cuestión central -las adjudicaciones y las supuestas mordidas millonarias-, la causa tiene otras ramificaciones en forma de operaciones societarias e inmobiliarias, ante la sospecha de que pudiesen haber servido para repatriar aquellos fondos opacos.

Los imputados

En el caso Erial también figuran como imputados, además de Zaplana, el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, el exconseller y ex secretario de Estado con el PP Fernando Castelló, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos B y hermano de la citada ex diputada autonómica, y la secretaria de Zaplana Mitsuko Henríquez.

Sobre Zaplana y la mayor parte de procesados pesan las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, organización criminal y falsedad documental.

Zaplana se convirtió en el segundo expresident de la Generalitat Valenciana del PP -de los cuatro con los que ha contado este partido en la Comunitat Valenciana- detenido -el primero fue Olivas-, y en el tercero -tras Olivas y Francisco Camps- investigado por la justicia por posibles delitos de corrupción.