La justicia absuelve a Ángel Hernández por ayudar a morir a su esposa

El juzgado de lo Penal número 34 de Madrid ha absuelto a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, en Madrid en 2019, después de que la Fiscalía retirase su acusación tras entrar en vigor la Ley de Eutanasia.

"Al haberse retirado la única acusación personada en las acusaciones, de acuerdo con la doctrina, procede dictar sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables", señala la resolución, que absuelve a Ángel Hernández de un delito de cooperación al suicidio.

La sentencia absolutoria, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, hace que queden sin efecto las medidas cautelares que se acordaron durante la instrucción de la causa.

El pasado 30 de junio la Fiscalía retiró la acusación contra Ángel Hernández, para el que pedía seis meses de cárcel por cooperación al suicidio, en aplicación retroactiva de la modificación del Código Penal introducida por la ley de regulación de la eutanasia. Estimó que Hernández se encuentra en un supuesto legalmente autorizado.

El Ministerio Público ya había anunciado previamente que no se opondría al indulto si Hernández fuese condenado.

Ahora la magistrada del Juzgado de lo Penal número 34 de Madrid, María Luisa Roldán García, recuerda que el 3 de noviembre de 2020 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid abrió juicio oral contra Hernández por delito de cooperación al suicidio.

A falta de que se fijara fecha para el juicio, la Fiscalía, única acusación en el proceso, retiró sus cargos, de modo que "procede dictar sentencia absolutoria respecto del acusado, con todos los pronunciamientos favorables, no procediendo el sobreseimiento libre solicitado (...) al haberse ya acordado por el órgano instructor la apertura de juicio oral contra el acusado", dice la sentencia.

Acaba así el proceso judicial que se inició tras la muerte de María José Carrasco el 3 de abril de 2019 en su domicilio madrileño, cumpliéndose así el deseo "constante" que tenía de acabar con su vida debido a la esclerosis múltiple que padecía desde 1989, según relataba el escrito de la Fiscalía.

María José y Ángel estaban solos aquel día en la vivienda y Ángel vertió en un vaso un medicamento, pentobarbital sódico, y se lo acercó a su mujer, que lo ingirió con una pajita. A los diez minutos falleció.

La enferma tenía reconocida una gran invalidez y necesitaba del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria, por lo que su marido había pedido una reducción de jornada laborar para atenderla.

Desde 1999 el acusado "se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer" y realizó una "fuerte" inversión económica para reformar y acondicionar su vivienda con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas e, incluso, instaló un equipo medicinal en el domicilio, detalla la Fiscalía, que subrayaba en su escrito que desde 2007 Ángel Hernández había solicitado reiteradamente ayuda para el cuidado de María José y una plaza en residencia, pero no se lo dieron.

De esta forma ambos contactaron con la asociación "Derecho a Morir Dignamente", donde recibieron asesoramiento, y antes de 2018 la enferma, "que aun podía usar sus manos", compró a través de internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico y una vez recibido, "lo guardaron en el domicilio por si en un momento dado tenían que usarlo", recordaba la Fiscalía en su escrito.

Carrasco hizo un testamento de últimas voluntades, en el que manifestaba de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea), y finalmente su marido consensuó con aquella la forma en que la ayudaría morir.

Una vez ingerido el medicamento letal el acusado llamó a emergencias para contar lo que había ocurrido, confesó lo ocurrido a la Policía y aportó en el juzgado toda la documentación y videos que explicaban su historia.

La ley de regulación de la eutanasia entró en vigor el pasado 25 de junio, después de que el Congreso de los Diputados la aprobara el 18 de marzo con amplia mayoría y la oposición de PP y Vox.

Desde ese día las personas con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento "constante e intolerable" pueden solicitar ayuda médica para morir.