Un tribunal de Reino Unido ha avalado este martes la negativa del Gobierno británico a permitir que el príncipe Enrique pague de su bolsillo los gastos que supondría una custodia policial, después de que en 2020 se quedase sin los niveles de protección de los que disponía hasta entonces tras renunciar a sus principales deberes como miembros de la Casa Real.
La comisión que supervisa la vigilancia de personalidades públicas en Reino Unido redujo dichos niveles, lo que desató un litigio en el que las impugnaciones presentadas por el hijo menor de Carlos III ya acumulan dos rechazos, el último de ellos a raíz de una vista de sólo un día celebrada la semana pasada en Londres.
El príncipe cuestionaba tanto las competencias de la comisión para que tomó la decisión como el fondo de la orden, reclamando que pudiese sufragar él mismo los "servicios policiales especiales", informa la BBC. El Ministerio del Interior, en cambio, advierte del riesgo de permitir que los ciudadanos con recursos puedan "comprar" el despliegue de la Policía por razones de protección personal.
Los duques de Sussex viven actualmente en Estados Unidos, donde denunciaron precisamente la semana pasada una persecución de paparazzi "casi catastrófica". El príncipe Enrique y su mujer, Meghan Markle, se han quejado públicamente de la presión a la que viven sometidos y de los supuestos desprecios sufridos por parte de miembros de la familia real.