Un tribunal británico dictaminó este viernes que España no puede ejecutar una sentencia española que obligaba a la aseguradora del naufragado petrolero "Prestige" a pagar hasta 855 millones de euros por la catástrofe medioambiental desatada por su hundimiento en 2002.
El juez Christopher Butcher, de la corte comercial del Tribunal Superior, estimó el recurso de la London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited contra la ejecución de una sentencia del Tribunal Provincial de La Coruña, que halló a la aseguradora responsable de indemnizar al Estado por el vertido tóxico en las costas de Galicia en noviembre de 2002.
En su fallo, el magistrado ve "irreconciliable" la sentencia española con el laudo de un arbitraje en el Reino Unido que eximía a la compañía de pagar a España.
A su parecer, reconocer aquella decisión de la corte gallega "sería contrario" al principio de "res judicata" ("cosa juzgada") que rige en Inglaterra.
El buque, con pabellón de Bahamas, se partió cuando transportaba 70.000 toneladas de fuelóleo pesado, causando daños en el litoral norte de España y el litoral occidental de Francia, lo que abrió una larga disputa judicial entre la aseguradora y España planteada en dos procesos diferentes en dos Estados miembros.
Pese a que tanto España como Francia demandaron a la compañía según el artículo 117 del Código Penal, la aseguradora se aferró a que su contrato con los dueños del buque establecía que cualquier litigio sería dirimido a través de un arbitraje en el Reino Unido.
En 2013, un laudo del abogado británico Alistair Schaff exoneró a la compañía del pago, al hacer valer una cláusula que eximía a la aseguradora del pago si antes los propietarios del petrolero no le habían pagado.
Ese arbitraje abrió un largo proceso que llegó a alcanzar también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2022 dio la razón a España.
Sin embargo, un nuevo laudo en el Reino Unido llevado a cabo por el juez retirado Peter Gross volvió a establecer en marzo de este año que la disputa debía ser regida en base a la ley inglesa y que España estaba "violando sus obligaciones" al buscar justicia en otras instancias.
En mayo de este año, el juez Butcher celebró cuatro audiencias en las que las partes presentaron sus argumentos, antes de dar a conocer su fallo de hoy, que puede ser recurrido.
La decisión tiene efectos colaterales, ya que en el Reino Unido están en curso varios arbitrajes de empresas renovables en los que la Justicia ha autorizado a embargar a España parte de la indemnización que debía cobrar de la aseguradora del Prestige.