El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido cautelarmente la medida impuesta por el Gobierno de Canarias para exigir el certificado covid o alguna prueba diagnóstica para acceder a los locales de restauración y hostelería.
El Gobierno de Canarias había establecido esta medida para las islas que se encontraban en nivel 4 y requería que el 50 por ciento del aforo en el interior de los establecimientos estuviera cubierto con clientes vacunados con la pauta completa, con una prueba diagnóstica de infección activa realizada en las últimas 72 horas o con una certificación de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Esta decisión ha sido recurrida por una asociación de empresarios a los que el TSJC ha dado la razón de forma cautelar.
Asimismo el TSJC ha suspendido el cierre total entre las 0 y las 6 de la mañana de los locales y el límite de aforo en el interior de los establecimientos, que para las islas en nivel 4 queda fijado en un 50 por ciento.
También suspende el límite de aforo en el interior de gimnasios y actividades físicas no federadas así como en cines, teatros, auditorios y espacios culturales, que queda fijado en un 55 por ciento para las islas en nivel 4 y sin que se pueda exigir ni tener en cuenta la tenencia o ausencia del certificado covid.
La Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC no entra del asunto, pero sí aprecia la necesidad de tomar una decisión de urgencia "considerando que nos hallamos ante restricciones que se están sucediendo con celeridad en el tiempo, constituyendo un verdadero derecho transitorio y que por ello exigen pronto pronunciamiento provisario".
En cuanto al fondo, la Sala, que ya rechazó otras medidas del Gobierno de Canarias como el toque de queda o el cierre en el interior de los establecimientos en las islas en niveles 3 o 4, hace referencia a sus autos al respecto y a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 26 de julio que deniega el toque de queda nocturno.
Derecho a la intimidad
En cuanto a la exigencia del certificado covid para acceder al interior de la hostelería o restauración en los niveles 3 y 4, la Sala alude a la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran los datos relativos a la salud como comprendidos dentro del derecho a la intimidad por lo que no cabe exigir estos datos "en este contexto".
La Sala aplica el mismo argumento para los espacios culturales y considera proporcional la medida de restricción del 55 por ciento del aforo pero sin comprobaciones de datos de salud.
Respecto a la actividad física no federada en zonas interiores, entiende que no tienen por qué ser discriminada al 33 por ciento "que avoca al cierre del establecimiento cuando no esta acreditado una especial incidencia de contagios en gimnasios o que la reducción al 33 por ciento vaya a ser el remedio pretendido por la limitación".
Por ello establece un aforo del 55 por ciento para estos espacios en el nivel de alerta 4 sin comprobaciones de datos de salud.
La Sala da tres días de plazo a las partes para alegar lo que consideren conveniente respecto a este auto judicial.