La Justicia de Estados Unidos ha fallado nuevamente contra el Estado español en el marco de las disputas legales derivadas de la retirada retroactiva de las primas a las renovables y ha reconocido una deuda pendiente de pago de 34 millones de euros, en el marco del caso de la japonesa JGC Corporation.
En concreto, el Tribunal del Distrito de Columbia, a través del juez Rudolph Contreras, ha ordenado el cumplimiento del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, en favor de JGC Corporation, consolidando esa obligación de pago de 36,1 millones de dólares (unos 34 millones de euros), indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
"Por las razones publicadas en la sentencia de esta misma Corte emitida el 26 de septiembre de 2024, se ordena que el laudo arbitral emitido el 9 de noviembre de 2021 por el Ciadi, en el marco del caso ARB/15/27 (JGC Corporation vs Reino de España) se cumpla en los tribunales estadounidenses del mismo modo que si estuviésemos hablando de una sentencia final emitida por cualquier magistratura de nuestro país", señala en su fallo.
JGC Corporation es una gran corporación japonesa con cientos de empresas filiales y cotizada en bolsa. Su reclamación contra el Estado español arrancó en 2015 y ascendía a 93,5 millones de euros. El Ciadi publicó el laudo final en noviembre de 2021 y reconoció a JGC una indemnización de 23,5 millones de euros.
El Estado intentó anular el laudo sin éxito, en un proceso que arrancó el 14 de marzo de 2022 y concluyó definitivamente con una nueva derrota española el 6 de febrero de 2024. JGC articuló su acción legal ante la justicia de Estados Unidos a través de Blaskett Renewable Investments.
Las mismas fuentes precisaron que el fallo permite que los litigantes puedan buscar la ejecución del laudo en Estados Unidos, "otorgándoles herramientas legales adicionales frente a la negativa de España a pagar y a los retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales".
Así, subrayaron que, desde ahora, "España no es solamente un país deudor ante los ojos de la justicia de Australia, Bélgica o Reino Unido, sino también de Estados Unidos".
Además, precisaron que la cantidad reconocida incluye intereses de demora que han aumentado la deuda inicial en un 53,6%. Además, desde ahora en adelante, los intereses se calcularán al 4% anual. De esta manera, el monto total pendiente de pago de esos 34 millones de euros se ha disparado en 10,724 millones de euros.
Igualmente, estimaron que, en la medida en que el Estado español no satisfaga el pago de esta sentencia, sus bienes y activos radicados en el mercado estadounidense quedarán sujetos a posibles embargos y confiscaciones, como las que ya han autorizado anteriormente los tribunales de Australia, Bélgica y Reino Unido.
25 laudos condenatorios
El fallo se enmarca en una serie de más de 50 litigios internacionales de arbitraje iniciados por inversores que confiaron en los incentivos ofrecidos por el Estado español para desarrollar energías renovables.
Hasta la fecha se han emitido en torno a 25 laudos que condenan al Estado a indemnizar a las empresas afectadas con 1.562 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle 326 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros, cifra que incluye las condenas en costas, los intereses de demora o la contratación de consultores y abogados por parte de la Abogacía del Estado.
Por otra parte, las mismas fuentes destacaron que el daño para la economía española derivado de la inseguridad jurídica que están provocando los impagos se estima en torno a los 7.340 millones de euros para el periodo 2023-2024.