El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal este lunes la reforma judicial del 2019 en Polonia que dio lugar a una Sala Disciplinaria para los magistrados del Tribunal Supremo de ese país y que, aunque desde entonces ha sido modificada, sigue causando preocupación en Bruselas por los riesgos para la independencia de la judicatura.
"La mera perspectiva de que los jueces que tienen competencia para aplicar el Derecho de la Unión corran el riesgo de que dicho órgano pueda pronunciarse sobre cuestiones relativas a su estatuto y al ejercicio de sus funciones (...) puede afectar a su independencia", dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un comunicado.
Varsovia acumulaba hasta hoy 555,5 millones de euros en multas por no aplicar cautelarmente una paralización de la actividad de esta sala del Tribunal Supremo, que inicialmente permitía que los jueces estuviesen sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, incluido el ejercicio de su derecho a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esa multa de un millón de euros diarios (500.000 euros desde el 21 de abril), que Polonia se ha negado a pagar tras 16 requerimientos de Bruselas y que la Comisión ha compensado al no desembolsarle otros fondos comunitarios, deja de ascender a partir de hoy al haberse pronunciado la sentencia sobre el fondo de la cuestión.
Desde el punto de vista de la Comisión Europea, posteriormente respaldado por el tribunal comunitario, la reforma polaca socava la independencia de los jueces y no da las garantías necesarias para protegerlos del control político.
La corte comunitaria con sede en Luxemburgo reafirma que los Estados miembros deben cumplir las obligaciones que se derivan del derecho de la Unión y "están obligados a velar por evitar cualquier regresión, en cuanto al valor del Estado de derecho, de su legislación en materia de organización judicial", sin poder escudarse en "disposiciones o jurisprudencia internas, incluidas las de rango constitucional".
En este sentido, la cámara disciplinaria polaca controvertida "no satisface la exigencia de independencia e imparcialidad", abunda el Tribunal, que señala que la labor de los jueces se puede ver afectada por la capacidad de esta sala para abrir diligencias penales contra ellos u ordenando su detención.
"Las medidas que adoptó el legislador polaco son incompatibles con las garantías de acceso a un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley", apunta el TJUE, que critica el "control monopolístico" que un único órgano tendría para comprobar el cumplimiento de la tutela judicial efectiva.
También declara contrario a la ley europea la parte de la legislación que obliga a los jueces a presentar una declaración en la que indiquen su pertenencia a una asociación, fundación sin ánimo de lucro o partido político, que vulneran los derechos fundamentales de esos magistrados a la protección de los datos personales y al respeto de la vida privada.
La publicación en línea de estos datos "no es apta para lograr el objetivo invocado de reforzar la imparcialidad de los jueces" y podría "exponer a los jueces a un riesgo de estigmatización indebida, afectando injustificadamente a la percepción que de ellos tienen tanto los justiciables como el público en general".
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, consideró la sentencia "importante para el restablecimiento de una justicia independiente en Polonia" y se mostró convencido de que, con esta decisión, "la ley sobre el poder judicial deberá adaptarse en consecuencia".
"Se puede estar en desacuerdo con la Comisión Europea, pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE zanja definitivamente la cuestión. Como miembro de la familia europea, insto a las autoridades polacas a que acaten plenamente la sentencia. Esto es necesario para reforzar la independencia de los tribunales polacos", apuntó.