La justicia europea retira la inmunidad de Carles Puigdemont

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retiró este viernes la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí.

En un auto dictado hoy revocó la decisión provisional que adoptó el pasado 2 de junio de concederles temporalmente la inmunidad parlamentaria hasta que resolviera sobre el recurso que los tres eurodiputados presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo.

Los jueces con sede en Luxemburgo desestimaron así la demanda de medidas provisionales que los tres eurodiputados interpusieron el pasado 26 de mayo, pidiendo que se suspendiera la aprobación del suplicatorio porque permitía "a cualquier Estado miembro y al Reino Unido detenerlos o restringir sus desplazamientos y entregarlos a las autoridades españolas".

En la sentencia que dictó hoy, el vicepresidente del TGUE dijo que la suspensión del suplicatorio se puede adoptar si "su concesión está justificada" y "es urgente".

Sin embargo, consideró que "los diputados no han conseguido demostrar que concurra el requisito de la urgencia, puesto que, en la situación actual, el perjuicio grave e irreparable que invocan no puede ser calificado de cierto o acreditado con un grado de probabilidad suficiente".

En concreto, el Tribunal argumentó que "la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este permanece jurídicamente intacta" y "en consecuencia, pueden desplazarse para asistir a las reuniones".

Por tanto, descartó que Puigdemont, Comín y Ponsatí "pueden invocar válidamente (...) la existencia de un perjuicio grave e irreparable" y "un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasión de un desplazamiento para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo".

Además, el TGUE aseguró que los tres eurodiputados catalanes, "no han demostrado" que "su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente, en particular respecto al Estado en el que residen Bélgica.

Y en este sentido, la corte con sede en Luxemburgo tuvo en cuenta a la hora de adoptar su decisión que "las autoridades judiciales belgas denegaron la ejecución" de la euroorden contra el exconsejero Lluis Puig, que huyó a Bélgica en 2017 junto a Puigdemont y Comín.

La sentencia dictada hoy recuerda que tras la negativa de la justicia belga de entregar a Puig, el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea preguntándole bajo qué criterios puede un Estado miembro denegar la ejecución de una euroorden y que hasta que no se resuelva la cuestión, las dictadas contra los tres eurodiputados se han suspendido.

Así pues, "mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto prejudicial Puig Gordi y otros, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas".

Por último, el TGUE alegó que "una detención y entrega de la Sra. Ponsati y Obiols por parte de las autoridades del Reino Unido (país en el que esta residió durante un tiempo, hasta enero de 2020) resulta actualmente hipotética".