El Tribunal Administrativo de Montpellier anuló este martes el uso del catalán en primer lugar durante los plenos municipales de cinco localidades de la región, incluso si hay una traducción inmediata al francés.
El tribunal considera que emplear primero una lengua como el catalán y "sólo utilizar el francés como traducción es contrario al artículo 2 de la Constitución", que establece que "la lengua de la República es el francés" y, por tanto, establece su "primacía".
Además, los jueces consideran que las disposiciones de esos cinco municipios para usar el catalán en sus deliberaciones contravienen una ley de 1994 sobre el uso del francés, que estipula que "es la lengua de la enseñanza, el trabajo, los intercambios y los servicios públicos".
En su dictamen, subrayan que "el uso del francés se impone a las personas morales de derecho público y a las personas de derecho privado en el ejercicio de una misión de servicio público".
Por eso anula las normativas de 2022 de los municipios de la Catalunya Nord de en Els Banys d'Arles i Palaldà, Elna, Tarerac, Sant Andreu de Sureda y Portvendres para el uso del catalán en las deliberaciones de los plenos.
El Ayuntamiento de Elna fue la primera, en abril del año pasado, en aprobar la utilización del catalán con una traducción inmediata y sistemática al francés, y le siguieron los otros cuatro.
Las decisiones fueron recurridas ante la Justicia por el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Pirineos Orientales, Rodrigue Furcy, después de que los ayuntamientos se negaran a retirarlas como les pidió.
El abogado de estos cinco municipios, Mathieu Pons, indicó a Efe que están "parcialmente satisfechos" con la sentencia, pero que van a recurrir, en un primer momento ante el Tribunal de Apelación Administrativo de Toulouse, y en caso de un nuevo rechazo quedaría la opción del Consejo de Estado francés y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pons hizo notar que por primera vez en Francia no se ha anulado una reglamentación municipal que ampara el uso de una lengua regional con el argumento de que es una práctica antidemocrática, y eso gracias a que las de estos cinco ayuntamientos del departamento de los Pirineos Orientales imponía la traducción inmediata e íntegra de todo lo que se dijera en catalán.
Sobre todo, subrayó que el Tribunal Administrativo de Montpellier ha abierto explícitamente una vía para amparar el uso del catalán, a condición de que sea una traducción de algo que previamente se ha dicho en francés: "Eso sería una novedad en Francia".
Se trata así de garantizar el principio de que el francés se mantiene como la lengua de los servicios públicos, pero contemplando la posibilidad de usar una lengua regional.
El letrado indicó que Portvendres va a adaptar su normativa a esta jurisprudencia y que otros municipios podrían seguir por esa vía. Els Banys d'Arles, sin embargo, se niega a hacerlo.
Pons señaló que Francia y el Reino Unido constituyen excepciones dentro de Europa porque no han incorporado en su legislación la noción del derecho lingüístico, es decir, la posibilidad de usar ante la Administración otra lengua diferente de la oficial del Estado.
También se refirió a la "paradoja" de que Francia ha firmado pero no ha ratificado la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa, cuando para cualquier país que entra en la Unión Europea es imperativo haberla integrado en su derecho.