La Justicia francesa concede la libertad condicional a Izaskun Lesaka

La Justicia francesa ha concedido la libertad condicional a la presa de ETA Izaskun Lesaka, que lleva entre rejas desde octubre de 2012 y estaba en la última fase de cumplimiento de su pena, y la expulsará próximamente al Estado español, donde no tiene ningún asunto pendiente.

Su abogada, Maritxu Paulus Basurco, explicó este viernes a Efe que la sala de aplicación de penas del Tribunal de Apelación de París rechazó ayer el recurso que había presentado la Fiscalía Antiterrorista contra esa liberación condicional, de forma que teóricamente se podría ejecutar desde el próximo lunes 23.

Pero en la práctica puede tardar unos días más mientras la Administración francesa organiza con la española su expulsión, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que se encuentra encarcelada en una prisión de la región de París, precisó la letrada.

La liberación en su caso lleva aparejada la expulsión de Francia porque había sido condenada a no poder volver con carácter definitivo al territorio francés.

Lesaka, que tiene 44 años, fue sentenciada en cuatro ocasiones en Francia y en 2018 se le concedió lo que se denomina la "fusión" de todas sus penas, que en la práctica significaba que tenía que pasar 14 años entre rejas, aunque antes de que terminara ese periodo podía solicitar -desde 2019- su salida con condiciones, y es lo que hizo.

Como en el Estado español no tiene abierto ningún procedimiento judicial, quedará libre y no estará sometida a ninguna restricción en sus derechos, más allá de la prohibición de entrar en Francia.

Izaskun Lesaka fue capturada el 28 de octubre de 2012 en un hotel de Mâcon (norte de Francia) junto a Joseba Iturbide, que se convertiría en su marido en prisión.

Tenían entonces en su poder, además de dos pistolas con munición, abundantes papeles de identidad falsificados, documentación interna de ETA, cerca de 14.000 euros en efectivo, un coche robado y diferentes componentes para la confección de artefactos explosivos.

En el juicio en el que ambos fueron condenados por esos hechos en febrero de 2018, el Ministerio Público les reprochó que a la vista de todos esos elementos no habían contribuido al abandono de la lucha armada por la organización terrorista, anunciada un año antes de su arresto.

Ellos, sin embargo, aseguraron que cuando estaban en la clandestinidad antes de su detención ya estaban implicados en el proceso de desarme.