La justicia restaurativa será voluntaria para las víctimas y se garantiza el diálogo

Si estuviera en manos del Gobierno vasco, este sería uno de los últimos titulares que ofrece su estrategia de justicia restaurativa, porque pretende ponerla en marcha desde la discreción para que funcione. La consejera Beatriz Artolazabal ha informado este martes en Consejo de Gobierno sobre la estrategia 2022-2025. El plan ha quedado aprobado tras enriquecerlo con las aportaciones de la judicatura (sobre todo, con el presidente del Tribunal Superior Vasco, Iñaki Subijana, muy conocedor y muy volcado en esta vía restaurativa), la Fiscalía, la universidad, asociaciones de víctimas y el tercer sector, y cuyas primeras actuaciones comenzarán a desarrollarse en septiembre, a la vuelta del verano. Una de las principales características que tendrá el proceso es que será voluntario para las partes implicadas, incluidas las víctimas, a las que mantendrán informadas desde el primer momento.

Se va a evitar a toda costa preparar una encerrona a estas víctimas, por ejemplo, planteándoles de sopetón un encuentro con sus victimarios sin haberlo preparado previamente, una estrategia condenada al fracaso y que despertaría críticas en las asociaciones de damnificados. Este proceso será, de hecho, largo, lento y progresivo. El Gobierno vasco mide con tiento todos sus pasos desde que recibió la transferencia de la gestión de las prisiones el 1 de octubre del año pasado, y se propone que sus movimientos para favorecer la reinserción se guíen más por la efectividad que por el efectismo.

Aunque la parte más conocida y que mayor morbo suscita ante la prensa sea la de los encuentros entre víctimas y victimarios, sobre todo pensando en ETA, ese sería el cierre final de un proceso más largo con talleres y otras dinámicas, y tampoco se da por hecho que tenga que producirse necesariamente ese encuentro. Es más, podría producirse una reunión entre una víctima y un victimario que no sea el responsable directo de su caso, sino de alguno similar. Debería producirse de manera natural como consecuencia de un prolongado trabajo previo. Por ello, esos encuentros son algo que no se verá en el corto o medio plazo, y este año se descarta abiertamente que se produzcan. “Es un proceso largo, que no siempre da buenos resultados. Es un proceso doloroso, sobre todo para los victimarios, que deben mirarse al espejo y reconocer sus errores”, explican fuentes de la consejería a este periódico.

También para largas condenas

Pero, ¿en qué consiste esta estrategia y qué se pretende con ella? Este tipo de justicia busca centrarse en la reparación del delito más que en el puro castigo. Se trata de que el victimario sea consciente de que su comportamiento no es aceptable, y contribuir así al segundo objetivo: rebajar la reincidencia. La consejera desgranó únicamente algunos principios generales para preservar la discreción, y para ahondar en detalles hay que dirigirse al documento aprobado, que ha consultado este periódico.

Lo que hizo la consejera fue apostar por trabajar “desde la voluntariedad tanto de víctimas como de victimarios”, y añadió que desde septiembre se activarán “nuevos programas restaurativos dirigidos a la atención de víctimas y a la reinserción de victimarios”. Agregó, en una alusión implícita a ETA, a la que no llegó a mencionar, que los programas estarán a disposición de todos los presos con criterios individualizados, incluidos los que tengan “largas condenas, al margen de la condición de su delito, salvo las excepciones establecidas en la ley sobre la violencia de género”. 

No ofreció una cifra y las fuentes consultadas por este periódico también lo evitan, aunque hace unos meses había constancia de que varios presos de ETA están interesados en los encuentros restaurativos por las cartas que han redactado para desvincularse de la violencia. El Gobierno vasco sí precisó que el liderazgo corresponderá a la viceconsejería de Justicia de Ana Agirre, en coordinación con la viceconsejería de Derechos Humanos de Jose Antonio Rodriguez Ranz, y contará con el asesoramiento del Foro de Justicia Restaurativa al que serán invitados la judicatura, la Fiscalía, la abogacía, y el tercer sector, entre otros. Artolazabal defendió esta justicia para una mejor convivencia.

Cartas, reuniones...

El documento Estrategia de Justicia Restaurativa en Euskadi 2022-2025 desgrana tres ejes estratégicos, 18 objetivos y 82 acciones para los próximos cuatro años. Se citan las directrices que elaboró en 2020 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (del Estado) para los talleres. Son seleccionadas con carácter prioritario las personas que muestren una mínima asunción de responsabilidad sobre el daño causado y capacidad de empatía. Los talleres duran diez sesiones de tres o cuatro horas semanales, combinando las sesiones individuales con cada penado, las grupales y una sesión final de evaluación individual, todo ello para preparar un encuentro restaurativo futuro. Según esas directrices, puede ser un encuentro directo cara a cara con víctimas directas o indirectas, un encuentro a través de un facilitador que proporcione cartas, o grabaciones de audio y vídeo; o también, con un enfoque más colectivo, conferencias y foros que reúnan a los penados. 

Se mencionan también las experiencias restaurativas en centros penitenciarios autonómicos. Además de los encuentros restaurativos de 2011 y 2012 sobre la violencia de ETA, desde 2013 el centro de Araba ha tenido en marcha un programa de la Asociación Educativa Berriztu en el cual han participado 76 personas, de las cuales 70 han tomado parte activa en el proceso. De todas las víctimas contactadas, solo 15 no se sumaron.

Los principios

Los principios básicos que rigen la estrategia vasca son el de voluntariedad en la participación, “un consentimiento libre e informado después de haber recibido información exhaustiva e imparcial”, un consentimiento que puede ser revocado; principio de información, orientación y acompañamiento por parte de los facilitadores, que deberán suspender el proceso si ven que entraña peligro para la víctima; principio de participación de las partes implicadas; reparación del daño; neutralidad de las autoridades y facilitadores, confidencialidad, y basarse en el consenso y el consentimiento. Se contemplan actuaciones como realizar un mapa de los servicios de justicia restaurativa, estudiar propuestas legislativas para impulsar la justicia restauraurativa en la ley de enjuiciamiento criminal, e incluso realizar una encuesta a la ciudadanía sobre su percepción en 2024-2025. Se contempla igualmente una evaluación externa del Instituto Vasco de Criminología.

Se alude al documento del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo en 2021, que defiende la justicia restaurativa y el principio de reparación y distanciamiento de los victimarios del delito cometido. La estrategia mira a la ONU, el Consejo de Europa y la Unión Europea.