La legislación refuerza la lucha contra el derroche de alimentos

El Congreso de los Diputados aprobó el 20 de marzo la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma pionera en el Estado que busca reducir la enorme cantidad de comida que acaba en la basura. Con esta ley, el Gobierno central pretende impulsar medidas que obliguen a empresas y consumidores a gestionar mejor los alimentos y aprovecharlos antes de que terminen desechados.

El desperdicio de alimentos es un problema global de dimensiones alarmantes. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aproximadamente un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia a nivel mundial cada año, lo que equivale a alrededor de 1.300 millones de toneladas.

Específicamente, alrededor del 14% de los alimentos se pierden entre la cosecha y el mercado minorista, mientras que un 17% adicional se desperdicia en los niveles de venta al por menor y consumo. Estas pérdidas y desperdicios de alimentos representan no solo una pérdida económica significativa, sino también un impacto ambiental considerable, contribuyendo entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

En 2022, se desperdiciaron alrededor de 130 kilogramos de alimentos por habitante en la Unión Europea. En total, en el territorio comunitario se generaron más de 59 millones de toneladas de desperdicio alimentario.

Ese mismo año se tiraron en el Estado 1,17 millones de toneladas de comida y cada hogar desperdició una media de 65,5 kilos de alimentos o bebidas. Siete de cada diez hogares admitieron haber tirado alimentos o bebidas que todavía se podían consumir. Nuestro territorio es el séptimo de la Unión Europea en desperdicio alimentario, según el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Pero el desperdicio no solo se produce en los domicilios. En otros sectores como la industria alimentaria, la restauración y los supermercados también se pierden enormes cantidades de productos antes de llegar a los consumidores. De hecho, en los comercios minoristas, el 5% de los productos perecederos no llegan a venderse y acaban en los contenedores.

La nueva ley busca poner freno a esta situación con una serie de medidas obligatorias para los diferentes actores de la cadena alimentaria. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha reaccionado con reservas a la ley, señalando que, aunque la normativa es positiva, hay aspectos de la misma que se podrían mejorar. En concreto, considera que la norma cumple un objetivo social “al luchar contra el desperdicio de comida y lograr una mayor eficiencia en el reparto de recursos”.

Sin embargo, FIAB lamenta que el régimen sancionador sea tan desproporcionado, y piden que exista mayor coherencia entre la multa y la infracción, ya que es preferible, dicen, ofrecer incentivos a imponer sanciones.

Respecto a la donación de alimentos para el consumo humano, que está recogido por la Ley, la directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB, Paloma Sánchez Pello, recuerda que “la industria alimentaria lleva tiempo poniendo en marcha el aprovechamiento de los subproductos para incorporarlos a la propia cadena o para abrir nuevas líneas de negocio a partir de estos subproductos”.

Una ley positiva

Por su parte, desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) califican la ley como positiva ya que va en línea con la labor que llevan haciendo desde hace años para luchar contra el desperdicio alimentario. “Muchas de las medidas de la ley ya las aplicamos, como las donaciones a entidades sociales, el aprovechamiento para piensos animales o las campañas de sensibilización al cliente. Además, los planes de prevención, ahora obligatorios por ley, recogen prácticas que ya realizamos, como diagnósticos y seguimiento del desperdicio”, manifiesta Nuria Cardoso, directora de comunicación de ASEDAS.

En este sentido, reconoce que, a pesar del trabajo realizado, hay que seguir insistiendo para concienciar a los consumidores, “especialmente sobre fechas de caducidad y conservación de alimentos”.

Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi, destaca que la nueva ley supone un avance fundamental, ya que “no se limita a regular a los restaurantes o supermercados, sino que interviene en toda la cadena alimentaria: desde el agricultor que produce un excedente hasta el consumidor que tira comida en casa”. Además, resalta que la norma no solo obliga a actuar, sino que también incentiva prácticas como las donaciones a bancos de alimentos con beneficios fiscales.

Para Loizaga, la clave está en la responsabilidad compartida: “Esto no es solo cuestión de multas a los supermercados. Es una cadena donde cada eslabón cuenta. Los productores deben gestionar mejor sus excedentes; los distribuidores, optimizar stocks; los restaurantes, ofrecer táperes sin penalizar al cliente; y los consumidores, planificar sus compras”. Pone como ejemplo la necesidad de comprar frutas y verduras imperfectas pero perfectamente comestibles, algo que aún genera reticencias.

El delegado de la OCU en Euskadi considera que el desperdicio alimentario es solo una parte de un problema mayor: el modelo de consumo actual. “Vivimos en una sociedad de consumo impulsivo: compramos ropa barata que desechamos en meses, acumulamos ofertas 3x2 en productos que no necesitamos, y caemos en reclamos como el Black Friday, donde muchos ‘descuentos’ son ficticios. La ley debería ser un trampolín para reflexionar sobre nuestro modelo de consumo y sostenibilidad”, enfatiza.