La ley contra la prostitución, una medida "insuficiente"

La proposición de ley para "perseguir penalmente el proxenetismo", defendida por el PSOE, ha sido tramitada esta semana en el Congreso con apoyo del PP, aunque ha dividido a la Cámara y a la sociedad. Mientras un sector la tilda de punitivista, otras voces exigen medidas que acompañen a la ley para garantizar los derechos de las mujeres. Y es que además de volver a encender el debate entre regular o abolir la prostitución, que viene de muy lejos, varios partidos han defendido que esta ley es insuficiente para acabar con la prostitución, y han defendido acompañar esta ley que aborda modificaciones en el código penal para multar a proxenetas y puteros con medidas de apoyo a las mujeres que ejercen la prostitución.

Así, aunque ha salido adelante con 218 votos a favor, 37 no y 68 abstenciones, la propuesta socialista ha recibido innumerables críticas, con varios argumentos comunes: reproches al camino elegido, mediante una proposición de ley debido a un desacuerdo con Unidas Podemos, y también por optar por un enfoque "punitivista" que olvida las necesidades de las víctimas, en especial una reforma de la ley de extranjería que les dé papeles, ya que un amplio porcentaje de mujeres que ejercen son migrantes.

Por su parte, Adriana Lastra expuso que su formación está dispuesta a "trabajar con los grupos que compartan el objetivo de acabar con el proxenetismo" y criticó a aquellas formaciones que han tachado a las socialistas de "ingenuas" o "puritanas". "Sabemos a los que nos enfrentamos", declaró Lastra, antes de señalar que la explotación sexual supone "un negocio de miles de millones en el país".

Las medidas que contempla esta proposición de ley que ha pasado el primer "corte" plantea castigar toda clase de proxenetismo, sin que sea necesaria la relación de explotación, y también la tercería locativa, que configura una modalidad agravada del delito de proxenetismo, con aumento de la pena. Contempla multas de entre 12 y 24 meses y penas de prisión de entre 1 y 3 años y multas de 24 a 48 meses en el caso de que la persona prostituida sea menor de edad o una persona en situación de vulnerabilidad. "En ningún caso" se sancionará a la persona que esté en situación de prostitución".

Unidas Podemos ha optado por el sí, aunque En Comú ha decidido votar 'no' al considerar que la ley, con un enfoque paternalista, supondría un grave retroceso en los derechos de las mujeres. De hecho, la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón expuso múltiples discrepancias y avanzó que enmendarán el texto para castigar el proxenetismo vinculado a la explotación, reformar la ley de extranjería y eliminar el artículo que multa a los puteros.

Por el mismo camino se pronunció Eh Bildu, que se abstuvo y defendió que "el Código penal no está para imponer moralidad en torno a la sexualidad". Mientras el PNV criticó que se plantee "esta ley de esta manera", haciendo alusión a que la norma fue registrada por los socialistas tras intentar sin éxito incorporarla a la ley del Solo sí es sí.

La plataforma abolicionista estatal también tilda de insuficiente esta ley, y defienden que "dudamos que el PSOE tenga intención en llevar adelante una ley que sea abolicionista". Mientras tanto, el sindicato de prostitutas Otras ha mostrado su total rechazo a esta proposición de ley, asegurando que las arrastra a "la clandestinidad y pobreza".