La Ley de Cohesión de Sánchez plantea un “marco común” que choca con sus socios

Durante la pasada legislatura, el Gobierno español no renunció a intervenir en las competencias reservadas a las comunidades autónomas. El propio Pedro Sánchez presumió de estar tomando decisiones incluso sin tener la competencia y, a su juicio, el PSOE cubre el vacío que deja en el terreno de lo social el PP en los territorios que gobierna. Sus entonces socios de Podemos impulsaron activamente estas actuaciones, que les permitieron influir en debates como el modelo de residencias o la Ley de Vivienda, que no hubieran tenido capacidad de implantar por sí solos en los parlamentos autonómicos donde son una fuerza minoritaria, como el de la comunidad autónoma vasca. En este contexto, el programa electoral que presentó el PSOE a las elecciones generales del pasado mes de julio parecía dar un paso más en ese sentido, generalizado y transversal, con una Ley de Cohesión Territorial para crear un “marco común” en diferentes servicios y para cronificar las Conferencias Sectoriales que reúnen a los consejeros de todas las comunidades.

Esta ley, que el PNV ha sido el primero en denunciar desde la campaña electoral por boca de Aitor Esteban, era de por sí un potencial foco de conflicto con las comunidades autónomas y era previsible que se interpretara como un intento de recentralización, pero ahora emerge claramente como una contradicción difícil de salvar para Sánchez. Los ejes de la ley que avanza el programa apuntan a un modelo centralista que colisiona con el modelo de Estado que le piden sus socios potenciales para que se reconozca a Euskadi, Catalunya y, si lo planteara, también Galicia. Esta ley se convierte ahora en la pieza del rompecabezas que no encaja, en el instrumento que desafina.

El programa dice que se aprobará una Ley de Cohesión Territorial y fomento de la colaboración “que permita poner en práctica las lecciones aprendidas durante la pandemia y cubrir algunas deficiencias advertidas”. “Esta ley incluirá un marco común para incentivar la cooperación en materia de prestación de servicios esenciales, compartir datos estadísticos, o la necesidad de coordinar las políticas autonómicas de ordenación del territorio, para crear un paisaje armonizado y protegido. Esta ley servirá para aclarar, fijar y concretar el régimen jurídico de la cooperación y coordinación y los principios que han de regir las diversas tipologías de órganos”, plantea.

De esta declaración de intenciones se desprende que será una ley que afectará de manera transversal a varios servicios, lo que supone que irá más allá de las actuaciones sectoriales que ha desplegado ya el Gobierno de Sánchez y que ya de por sí han provocado algunas tensiones en materia de residencias, vivienda, con la agencia estatal de salud, o con el anteproyecto de las condiciones básicas para el disfrute de los servicios sociales que aspiraba a unificar las prestaciones en todo el Estado.

Ahora se habla de un “marco común” en materia de servicios esenciales en general. El programa promete inmediatamente después un nuevo impulso a los órganos multilaterales que reúnen a todas las comunidades, incluso con la creación de una “estructura” que las coordine, lo que parece anticipar que esta dinámica se perpetúa y se consolida. En el caso de las comunidades de régimen foral, ya existe una relación bilateral para los flujos económicos y financieros, y las comunidades históricas en general, como la catalana, también recelan de estos foros y aspiran a una relación de tú a tú con el Estado.

Pero el programa del PSOE promete que seguirá “avanzando en el proceso de institucionalización del diálogo entre instituciones y entre los diferentes niveles de Gobierno”. “Tras la reforma de la Conferencia de Presidentes, seguiremos promoviendo nuevos avances en los instrumentos de cooperación orientados a reforzar la solidaridad interterritorial y la mejora en las políticas públicas. Reconoceremos a la Conferencia de Presidentes como el máximo órgano de cogobernanza política con el desarrollo del nuevo reglamento, acordado en La Palma en marzo de 2022. Crearemos una estructura que coordine la celebración de las Conferencias Sectoriales y reúna toda la información de estas de manera unitaria, para mejorar la toma de decisiones y la transparencia. También potenciaremos las Conferencias Sectoriales para la Agenda 2030, el reto demográfico y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un calendario común de reuniones y la publicación de todos los acuerdos alcanzados”, dice. Se anuncia un “sistema de interrelación” entre la Conferencia de Presidentes y las Sectoriales.

El programa presenta estas actuaciones como algo compatible con la “progresiva descentralización del sistema”, que vendría acompañada por un “reforzamiento de los instrumentos de cooperación”. Es lo que Sánchez llama cogobernanza, aunque el lehendakari Urkullu ha matizado en más de una ocasión que no es efectiva ni real, porque en las conferencias se presentan decisiones ya tomadas de antemano desde La Moncloa, y las comunidades son meras ejecutoras.

“INCOMPATIBLE” CON EL PNV

La ley, al menos por las intenciones que avanza el programa electoral, ha puesto en guardia al PNV. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, resumía en la entrevista publicada por este periódico el fin de semana que esta iniciativa es “la consagración del café para todos” y “es contraria al nuevo modelo que desde Euskadi y Catalunya necesitamos de Estado español”. Los jeltzales creen que no es que sea distinto o complementario, sino que su espíritu es abiertamente contrario a estas aspiraciones y, por tanto, no va a tener sus votos. De hecho, creen que es una ley “incompatible con la posición negociadora” del PNV y que Sánchez va a tener que elegir.

Es posible que la pacte con el PP, como ya ocurrió de manera puntual en la anterior legislatura con cuestiones de Estado como la tramitación de la Ley de Seguridad Nacional. Eso sí, creen que no puede defender un modelo de Estado centralista de la mano del PP, y superar al mismo tiempo la investidura con los partidos vascos y catalanes y depender de ellos en las votaciones semanales. También sería posible el concurso de ERC y EH Bildu en esta norma, como ya ocurrió con la Ley de Vivienda, aunque esta vez no le bastaría a Sánchez y la ley caería solo con el rechazo del PNV, que de todos modos espera que nadie la avale. A juzgar por el rechazo frontal de Junts en vivienda por invasión competencial, su voto se antoja también muy improbable.