El Pleno del Senado aprobó el proyecto de Ley de Empleo por 148 votos a favor, 13 en contra y 111 abstenciones, aunque el Congreso deberá pronunciarse de nuevo después de que durante el debate de ayer se acordase incorporar cuatro enmiendas. La legislación refuerza el papel de la Inspección de Trabajo a la hora de valorar la concurrencia de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y sustituye al actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por un organismo autónomo que se denominará Agencia Española de Empleo.
La medida estrella del nuevo texto tiene que ver con el refuerzo de la labor de la Inspección de Trabajo a la hora de la planificación, ejecución y supervisión del ERE en una empresa. La enmienda aprobada previamente en la Comisión de Trabajo detalla que el “informe de la Inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir”. La introducción de esta enmienda disgustó a la CEOE, cuyas relaciones con el Gobierno han empeorado en las últimas semanas a raíz de esta causa, junto con otras discrepancias en asuntos como la reforma de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el Estatuto del Becario.
Además, la ley redefine los colectivos de “atención prioritaria” en lo concerniente a políticas activas de empleo, entre las que el artículo 50 cita a personas jóvenes -especialmente aquellos con baja cualificación-; desempleados de larga duración; personas con discapacidad; personas con capacidad intelectual límite; colectivos LGTBI (en especial trans); mayores de 45 años; y trabajadores migrantes.
La legislación también incluye como colectivos de especial atención a beneficiarios de protección internacional y solicitantes de la misma; mujeres con bajas cualificaciones; mujeres víctimas de violencia de género; personas en situación de exclusión social; minorías étnicas o religiosas; trabajadores procedentes de sectores en reestructuración; y víctimas del terrorismo.
La transformación del actual SEPE por la nueva Agencia Española de Empleo pretende, según destacó durante el Pleno Juan Antonio Gilabert, ponente del PSOE para la defensa del texto, potenciar los instrumentos de actuación y coordinación del Sistema Nacional de Empleo, incluyendo un nuevo sistema público integrado de información que funciona como un “portal único de empleo” que permitirá ubicar mejor los puestos de trabajo vacantes y reforzar la dimensión local de las políticas activas de empleo. El texto regula también una “cartera común de servicios” en todo el Estado, de forma que se elaborará un perfil individualizado de la persona que recibirá tutorización individual y continuada y para la que se elaborará un itinerario personalizado. La norma aprobada este miércoles también recoge una enmienda para asegurar la inembargabilidad del SMI. La senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero criticó que la ley solo busca cumplir con los compromisos con la UE sin solucionar los problemas de empleo, mientras que Ciudadanos aseguró no entender la “utilidad práctica” de la ley.