La Ley de Memoria Democrática no logra el respaldo del Parlamento foral

El Parlamento de Navarra no ha logrado sacar adelante hoy una declaración de apoyo a la nueva Ley de Memoria Democrática que recientemente se acaba de aprobar en Madrid. La moción, presentada por el PSN, busca “expresar su apoyo a la Ley de Memoria Democrática e instar al Gobierno de España a poner en marcha todas las medidas contenidas en la ley aprobada”. Se reclamaba también declarar al Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria.

La propuesta ha contado con el apoyo de EH Bildu y de Podemos, grupos que también han avalado la nueva legislación en el Congreso. Sin embargo la abstención de Geroa Bai, que considera insuficiente los términos en los que se ha aprobado la nueva ley, ha impedido su aprobación. Los votos en contra de Navarra Suma y la ausencia por motivos personales de la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha derivado en un empate a 20 que ha hecho decaer la moción socialista.

Como ya hizo en el Senado, Geroa Bai ha presentado hoy en el Parlamento foral dos enmiendas para corregir el texto inicial, que se limitaba a dar un apoyo a la nueva ley en los términos en los que se ha aprobado. Planteaba ampliar el periodo temporal de aplicación de la ley, que se limita a 1983. Geroa Bai quería que abarcara también los años siguientes para poder incluir así a las víctimas del Estado y de la tortura. Además, reclamaba que sea el Gobierno central quien asuma el coste presupuestario que supondrá convertir el Fuerte de San Cristóbal en un lugar de la memoria. El PSN sin embargo ha rechazado ambas peticiones, por lo que finalmente Geroa Bai ha optado por la abstención.

La declaración

La moción del PSN instaba a la Cámara a “expresar su apoyo a la Ley de Memoria Democrática e insta al Gobierno de España a poner en marcha todas las medidas contenidas en la ley aprobada”. Además, incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Gobierno de Navarra a “iniciar, en el más breve plazo de tiempo, las actuaciones precisas para que materialice lo establecido en la disposición adicional decimoséptima de la ley, que permitirá declarar al Fuerte de San Cristóbal como Lugar de Memoria, y promueva los convenios de colaboración necesarios para ello”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba a “a las distintas administraciones afectadas a que, en el ejercicio de sus competencias y procurando el mayor consenso posible, se eliminen, reinterpreten o resignifiquen todos los elementos situados en la vía pública que sean contrarios a la memoria democrática en los términos establecidos en la ley aprobada por las Cortes Generales”.

El debate parlamentario

En el turno de los grupos, la parlamentaria del PSN Inma Jurío ha afirmado que la ley contempla el plazo de un año para realizar actuaciones encaminadas a que el Fuerte de San Cristóbal pueda ser declarado como Lugar de Memoria, "pero creemos que este Gobierno está en posición de solicitar al Gobierno de España que se adelanten los plazos y se pongan en marcha las conversaciones necesarias para realizar ese convenio".

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha argumentado la oposición de la coalición a mostrar su apoyo a la citada ley afirmando que "olvida a muchas víctimas". "Todas las víctimas, las de derechas, las de izquierdas, las nacionalistas vascas, las falangistas, las que sean, tienen la misma dignidad humana, aunque no nos gusten sus ideas". "Si se habla de memoria democrática en España, las víctimas de los totalitarismos -nacionalista vasco, comunista y yihadista- forman sin duda parte de ella", ha reivindicado.

El parlamentario de Geroa Bai Jabi Arakama ha criticado que la ley "se detiene de manera aleatoria e incomprensible en el año 1983, dejando fuera casos significativos como la muerte de Mikel Zabalza y otros". "Una ley de memoria que pretenda realmente cerrar una deuda de la democracia española con su pasado no puede ignorar ningún caso de vulneración de Derechos Humanos", ha subrayado.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha apostado por ser "capaces de redactar y acordar el mejor convenio para el interés de Navarra y para ese movimiento memorialista que ha estado durante años reivindicando esta cuestión", y ha esperado "que ese convenio se celebre lo antes posible y en las mejores condiciones". "Se están tramitando unos Presupuestos Generales del Estado y espero que los grupos representados hagamos el mismo esfuerzo y rememos en la misma dirección para que el Gobierno asuma la responsabilidad que tiene en ese espacio", ha afirmado, tras pedir a los grupos "altura de miras y responsabilidad" y apostar por una financiación plurianual.

Por parte de Podemos, la parlamentaria Ainhoa Aznárez ha abogado por "estar a la altura para redactar el mejor convenio", de forma que "tengamos ese convenio que nos aporte esa financiación plurianual necesaria, porque el gasto que supone la inversión para la rehabilitación está en torno a los 35 millones de euros". "Tenemos que ser conscientes de que tanto Navarra como el Estado tienen que ponerse firmes, sentarse, negociar y estar a la altura de las circunstancias, porque esta oportunidad es la que tenemos", ha reivindicado.