La Ley de Salud activará una red para la detección precoz de las pandemias

La irrupción del coronavirus en el mundo supuso una lección de humildad para todos los gobernantes, que no vieron venir una situación imprevista y de consecuencias devastadoras. El Gobierno vasco quiere hacer los deberes, evitar en la medida de lo posible que se repita esa situación, y se propone activar un sistema de alerta y detección precoz de las pandemias en su borrador de Ley de Salud Pública. El objetivo es actuar antes de que el caballo esté desbocado y cuando la situación se encuentre en parámetros más manejables para minimizar los daños.

Este borrador, que se encuentra hasta finales de mes en fase de alegaciones, apuesta por una Red de Vigilancia de la Salud Pública que se coordinará con otras instituciones autonómicas, forales y locales. Se realizará una recogida sistemática de datos y un análisis epidemiológico, y se contará con "unos sistemas de alerta precoz y de respuesta rápida permanente para la detección y evaluación de epidemias, pandemias, situaciones de alarma sanitaria, incidentes, riesgos, síndromes, enfermedades y otras situaciones y eventos que pueden suponer una amenaza para la salud". El Sistema de Alertas y Emergencias en Salud Pública formará parte de esa red de información y alerta de protección civil para "minimizar los daños" y garantizar una actuación "inmediata, eficaz y sostenida".

Supone concretar sobre el papel el compromiso electoral que asumió el lehendakari Urkullu en junio del año pasado, en un acto de campaña para presentar su programa. Ya entonces, apostó por una Ley de Salud con "medidas de alerta e intervención para prevenir amenazas", y defendió la puesta en marcha de un sistema de reserva de equipos de protección para no encontrarse otra vez con el cajón de las mascarillas vacío. Nadie en el mundo había hecho acopio de ellas ni de otros materiales y no se calibró la importancia de un virus que se veía lejano, en China.

SALUD MENTAL Y SUICIDIOS

Tras la aprobación de la Ley Antipandemia, centrada de manera específica en el coronavirus, el Gobierno PNV-PSE ultima la Ley de Salud Pública, que tendrá un ámbito de aplicación más amplio y general en diferentes retos sanitarios, y trata también de sentar las bases para actuar frente a cualquier pandemia que pueda poner contra las cuerdas a los servicios sanitarios. Esta ley será el terreno propicio para intentar un nuevo acercamiento a Elkarrekin Podemos-IU, con quien ya se pactó la Ley Antipandemia. El borrador, en ese sentido, contempla el desarrollo de "planes de salud mental" y de "prevención del suicidio" en su artículo 66, un debate crucial para la bancada de Miren Gorrotxategi, que lo había fijado como condición indispensable.

Está por ver en qué términos se desarrolla una futura negociación y si se salda con una aproximación suficiente entre las partes. Urkullu aclaró públicamente a Gorrotxategi que, en realidad, ya existe el programa Betirako que estudia las consecuencias de la pandemia en la salud mental. Aunque PNV y PSE disponen de la mayoría absoluta necesaria para que la ley vea la luz, abogan por el consenso, sobre todo en estas cuestiones transversales y retos de país. La ley incluye la necesidad de desarrollar otros planes sobre salud sexual y reproductiva.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ANIMAL

Este borrador aboga, además, por el Sistema de Salud Pública de Euskadi, y quiere guiarse por el principio one health, una sola salud, es decir, un enfoque de colaboración entre sectores para vigilar que los alimentos sean inocuos y se controle la zoonosis, las enfermedades que se pueden transmitir entre animales y humanos, como la propia gripe o la rabia. A modo de declaración de intenciones, se busca que las intervenciones de salud se guíen por la transparencia y la rendición de cuentas, y que se contribuya a la formación del personal sanitario. Se presentará un Plan de Salud cada ocho años, con una evaluación cada cuatro y remitiéndolo siempre al Parlamento Vasco.

Sobre la coordinación con el Estado, esta ley contempla que se informe "de inmediato" a Madrid en caso de emergencia y pandemia para que pueda hacer uso de su competencia de coordinación. Se aboga por la coordinación con el Estado e instancias internacionales, y por participar en los órganos estatales para no trabajar de espaldas a otras comunidades autónomas. Se defiende la cooperación entre el sector público y el privado.

MOVILIDAD Y VACUNAS

La ley defiende la aplicación de medidas "cuando todavía el problema es limitado, para ofrecer una respuesta rápida, una protección eficaz", en especial cuando se trate de amenazas que pueden "dar lugar a una carga indebida para las funciones habituales del sistema sanitario, y de la sociedad y la economía en general". "Los objetivos serán, principalmente, minimizar la morbilidad y mortalidad, limitar la expansión de la enfermedad y la disrupción social, y evitar el daño de infraestructuras y medio ambiente". En el artículo 94 se citan varias medidas, entre las que figuran ordenar la vacunación si hay autorización judicial y la normativa lo permite, un punto que ya ha trascendido públicamente.

Este artículo menciona que, "conforme a la normativa vigente", ante un riesgo urgente para la salud, "debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupos de personas, o a situaciones de emergencia de salud pública o pandemias, la autoridad sanitaria podrá ordenar la adopción de las medidas preventivas generales y de intervención". Citan "el establecimiento de restricciones en la libertad de movilidad y en el ejercicio profesional; la práctica de exámenes y reconocimientos médicos; la vacunación, prescripción de tratamiento médico y hospitalización; el control individual sobre la persona o grupos de personas, así como el aislamiento domiciliario, mediante decisión motivada, por el tiempo necesario para la desaparición del riesgo".

La adopción de medidas que restrinjan derechos fundamentales está sujeta a "autorización o ratificación judicial". Urkullu ha exigido a Pedro Sánchez un paraguas jurídico para las comunidades, pero no se ha cruzado de brazos y trata de avanzar hasta donde lleguen sus competencias.

Esta ley propone sanciones hasta los 600.000 euros (venta de productos con toxinas, saltarse una clausura de una instalación, etc.). Por otro lado, el Consejo de Salud Pública sería el órgano de participación de la sociedad civil, consultivo y asesor sobre proyectos de ley y planes. Incluirá voces de la universidad, ONG, consumidores y pensionistas, entre otros.