La Comisión de Igualdad del Senado ha dado luz verde este miércoles al dictamen de la reforma de la ley del aborto con una enmienda para impedir que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo se vean sometidas a prácticas no científicas para condicionar su decisión, como escuchar el latido del corazón del feto o ver una ecografía 4D.
La reforma de la ley del aborto, que busca garantizar que el derecho al aborto en la sanidad pública y eliminar la exigencia de permiso paterno para las menores de 16 y 17 años, llegará la próxima semana al pleno del Senado y será después remitida al Congreso para su aprobación definitiva.
Entre las pocas enmiendas aprobadas en la Cámara Alta, destaca la propuesta impulsada por el grupo socialista tras las polémicas medidas que pretendía implantar Vox en Castilla y León, partido que junto con el PP han votado en contra del dictamen.
De acuerdo con el texto pactado sobre una enmienda registrada inicialmente por Más Madrid, aprobado por mayoría, las administraciones públicas deberán evitar que la mujer que quiere abortar sea destinataria de prácticas que pretendan alterar su voluntad, "con excepción de la información clínica imprescindible y necesaria", y garantizar que todas las intervenciones se basen en "la evidencia científica".
La polémica de Castilla y León
La senadora socialista Donelia Roldán ha querido destacar este acuerdo, que, en sus palabras, pretende "evitar protocolos como el de Castilla y León" que buscan "institucionalizar el acoso que antes se llevaba a cabo en las puertas de las clínicas y que hoy es un delito".
"Garantizaremos que nadie coaccione a las mujeres para decidir qué hacer o no hacer en cuanto a su embarazo, porque no necesitamos ser tuteladas", ha defendido Roldán, que ha pedido que "cualquier técnica, práctica, diagnóstica o terapéutica se base en le evidencia científica".
El PP ha criticado la ley por considerarla "innecesaria e inoportuna", en palabras del senador popular Antonio Román, quien ha lamentado la falta de "consenso" en la redacción de la norma, así como su tramitación por procedimiento de urgencia.
El grupo popular ha lamentado especialmente la creación del registro de médicos objetores, la eliminación del periodo de reflexión de tres días y la introducción de las bajas por menstruación incapacitante, que en opinión del PP pueden "ensanchar la brecha laboral" y estigmatizar a las mujeres.
Varios partidos se han mostrado en contra de que la ley incluya referencias a la gestación por sustitución o gestación subrogada, como Geroa Bai, PNV y JxCat, que opinan que esta cuestión debería introducirse en una norma "independiente" y han presentado sendas enmiendas para eliminar dicho concepto del texto.
Junts también ha propuesto que el plazo para la inscripción en el registro de un menor tras su nacimiento pueda ser modificado en los primeros seis meses, para que la mujer "esté en las mismas condiciones para poder manifestarse sobre el orden de los apellidos" que el hombre, especialmente en casos de cesáreas o alumbramientos difíciles.
Por su parte, ERC ha mantenido sus enmiendas relativas a la introducción de la violencia obstétrica y el duelo gestacional en la norma.