La Ley del Sector Público recibe el aval del Parlamento Vasco

La Ley del Sector Público Vasco, concebida como ley de cabecera para organizar el conjunto de normas que estructuran este sector y corregir disfunciones, ha recibido este jueves el aval del Parlamento Vasco con el rechazo de PP+Cs y Vox, mientras EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU se han abstenido.

Esta norma, que entró en la Cámara como proposición de ley de PNV y PSE-EE para agilizar su tramitación, se ha mejorado durante los trabajos parlamentarios aunque no de manera suficiente para EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Por su parte, los partidos que han votado en contra la consideran del todo insuficiente para cubrir las necesidades del sistema público vasco.

La ley establece que el sector público vasco está compuesto por la Administración general de Euskadi, las instituciones forales y las locales, así como por los entes adscritos a las mismas. También se considera que lo integran organismos como el Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo Económico y Social Vasco, así como la UPV-EHU.

El texto contiene principios y normas comunes aplicables a todos los niveles, regula los principios que deben guiar la administración electrónica y el impulso de la participación pública por medios electrónicos, pone el acento en los procesos de evaluación de la gestión, e introduce nuevas medidas en favor de la eficacia y eficiencia.

Contempla una evaluación sobre la racionalidad de la organización actual que concluya con una propuesta de simplificación de la estructura existente y amplía las funciones del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales para que estudie y elabore propuestas sobre posibles "ineficiencias, solapamientos y duplicidades" entre niveles institucionales.

Con esta ley además se pretende completar el camino emprendido con la aprobación por unanimidad de la ley reguladora del código de conducta del cargo público y de su régimen de incompatibilidades, al que le ha seguido el proyecto de ley de transparencia.

Desde el PNV, Estíbaliz Larrauri ha defendido que se trata de una norma "adecuada, que no va a ser flor de un día", de la que ha destacado que establece que la creación de nuevos entes públicos "tendrá que estar justificada". "Es una ley que recoge herramientas para poder revisar lo existente. Es actual, encaja y no pone patas arriba nuestro actual sistema", ha opinado.

La socialista Miren Gallastegi ha defendido que la ley permite disponer de un "marco normativo" para tener un sector público "al servicio de todos, más cómodo y más accesible", por lo que ha insistido en que "sobran los motivos para darle un voto favorable".

La parlamentaria de EH Bildu Leire Pinedo ha reconocido que la ley contiene mejoras con respecto al texto original, en parte por las aportaciones de su grupo, pero ha lamentado que la ley "se queda corta" porque "se ha perdido una oportunidad" para alcanzar un mejor sector público en distintos campos como el relativo a su actualización o a hacerlo más "asequible" a la ciudadanía.

Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha justificado su abstención al entender que la norma no introduce elementos para "revertir" servicios externalizados y ha mostrado su preocupación por que pueda provocar que prime el "criterio economicista y no el del servicio público".

Luis Gordillo (PP+Cs) ha asegurado que la norma no incluye ninguna novedad y ha lamentado que no se hayan aceptado las propuestas de su coalición para modernizar el sector público. "¿Qué se va a poder hacer con esta ley que hasta ahora no se podía. Se ha perdido una grandísima oportunidad una vez más?", ha afirmado.

Por último, Amaia Martínez (Vox) ha denunciado que la ley está llena de "vaguedades" y que da al Gobierno vasco "libertad de acción a través de decretos", al tiempo que ha dicho que es una "puerta abierta a la creación de nuevos enjambres institucionales para desarrollar nuevas empresas públicas".