La Ley de Libertad Sexual, conocida como la Ley del 'sólo sí es sí' obligará a los agresores sexuales menores de edad a someterse a programas de educación sexual y de igualdad, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.
Estas formaciones han registrado este miércoles una enmienda a la norma para incluir estas medidas formativas. Fuentes del Ministerio de Igualdad, departamento que ha participado en la negociación, han explicado el objetivo de esta propuesta pactada es reforzar la respuesta ante los casos de agresión sexual realizados por menores de edad y a la necesidad de reforzar la Ley penal del menor para evitar que el comportamiento machista y violento se siga repitiendo en estos adolescentes o jóvenes.
Se trata, según han indicado las mismas fuentes, de una propuesta realizada desde un enfoque responsabilizador más que punitivista.
En concreto, el texto que se debatirá y votará en el Congreso este jueves propone en una disposición final la reforma de la ley que regula la responsabilidad penal de los menores para que, en todas las sentencias por delitos relativos a la libertad sexual, sea obligatoria la medida accesoria de someterse a programas formativos sobre educación sexual y educación en igualdad.
Además, recoge que en las decisiones judiciales sobre suspensión de las medidas, esta se condicione al cumplimiento de la medida accesoria de educación sexual y educación en igualdad.
Del mismo modo, busca que, en los casos de delitos contra la libertad sexual o de delitos relacionados con la violencia de género, la medida de conciliación entre víctimas y responsables del delito, esté condicionada a que sea la víctima la que la solicite de forma expresa. En los demás supuestos, no cabrá la conciliación o mediación.
La Ley 'solo sí es sí' afronta este jueves su último trámite en la Cámara Baja antes de ser enviada para su tramitación en el Senado. Deberá obtener el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso debido a su carácter orgánico.
La norma obtuvo en la fase de comisión, la semana pasada, el apoyo de todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción de PP y Vox que decidieron oponerse a la misma. El texto no incluye finalmente medidas contra la prostitución.