La reforma legal que garantiza la atención pública integral a las personas transexuales en Euskadi sigue su tramitación en el Parlamento Vasco tras haberse aprobado su toma en consideración con el apoyo de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, la abstención de PP+Cs y el rechazo de Vox.
La modificación de la Ley vasca de no Discriminación por Motivos de Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales ha llegado a la Cámara en forma de proposición de ley suscrita por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU.
Entre sus principales novedades destaca el compromiso de que Osakidetza cuente con al menos tres servicios de atención a la transexualidad, uno por territorio, dentro de la red de Atención Primaria y la consolidación por ley de una cartera de prestaciones sanitarias para asegurar el derecho de las personas transexuales a recibir una atención integral y adecuada.
Una vez que se ha tomado en consideración la iniciativa, se creará una ponencia por la que pasarán los expertos y los colectivos que decidan los grupos, y en la que se debatirán las enmiendas que puedan presentar los partidos de cara a la aprobación definitiva de la ley.
Desde los grupos proponentes, Iñigo Iturrate (PNV) ha defendido que se trata de una modificación íntegra para que "la transexualidad pueda vivirse con naturalidad, sin miedos y en plena libertad". "La reforma no resta, no divide, sino que suma y multiplica", ha puntualizado Iturrate, quien ha asegurado que nace del compromiso con las asociaciones.
Por su parte, Isabel González (Elkarrekin Podemos-IU) ha confiado en que esta ley contribuya a la "superación de estereotipos sociales e institucionales" y ha advertido de que el Parlamento Vasco se enfrenta al reto de abordar este debate en ponencia "desde el respeto de los derechos humanos de las personas transexuales".
En la misma línea, la socialista Gloria Sánchez ha planteado que se da un "paso más para avanzar hacia una sociedad basada en la igualdad de trato" y se ha comprometido a buscar el máximo consenso posible para que la norma salga adelante con el máximo acuerdo.
La parlamentaria de EH Bildu Ohiana Etxebarrieta también ha dejado claro el compromiso de su grupo para que la ley se apruebe con consenso. "Ahora toca escuchar. Debemos avanzar con pasos firmes y con claridad, aprovechando la oportunidad que ofrece la reforma", ha indicado.
Laura Garrido (PP+Cs) ha justificado la abstención por el modo en el que se ha presentado, a través de los partidos, cuando a su juicio debería haber llegado desde el Gobierno Vasco, al tiempo que ha considerado que se debería haber esperado a la aprobación de la ley trans en el Congreso y ha indicado que su grupo considera que serán "muy interesantes" las aportaciones de los expertos en ponencia.
La única que se ha mostrado abiertamente en contra de esta ley ha sido la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, quien ha asegurado que "niega la realidad biológica y pretende difuminar los conceptos de hombre y mujer para sustituirlos por derechos ficticios como la libre autodeterminación de la identidad sexual".
La reforma se presenta sobre la base de un acuerdo previo con la comunidad transexual y transgénero y afecta a la norma vasca que data de 2012, que en 2019 se modificó al introducirse en ella una importante novedad gracias a la que las personas transexuales dejan de ser tratadas como enfermas y pueden certificar su identidad sexual sin tener que presentar informes psiquiátricos que lo demuestren, simplemente manifestándolo.
Ahora, se incide en cuestiones dirigidas a garantizar plenamente el derecho de estas personas a recibir de las administraciones públicas vascas una atención adecuada e integral en sus necesidades educativas, sanitarias, jurídicas y laborales.
Además, en cuanto a los menores transexuales se recoge que tienen derecho a ser escuchados y a participar en la toma de decisiones en relación a todas las medidas que se les aplique en lo referente a su identidad sexual.
Para los tratamientos de cambio de género será el propio menor el que otorgue el consentimiento si está emancipado o si es mayor de 16 años. Si no es capaz "intelectual y emocionalmente de comprender el alcance" de dichos tratamientos o es menor de 16 años, el consentimiento lo dará su representante legal después de escuchar la opinión del afectado.
La negativa de progenitores o tutores a autorizar estos tratamientos podrá ser denunciada cuando conste que puede causar "grave peligro o sufrimiento" al menor de edad y en todo caso se atenderá el criterio del interés superior del menor "frente a cualquier otro interés legítimo".