El anteproyecto de la Ley vasca de Educación ha recibido finalmente 35 propuestas por parte de los agentes del sector y que el Gobierno vasco analizará, ahora, para “mejorar el texto inicial” y lograr una norma “sólida y eficaz”. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz ha aprovechado la sesión del pleno de control celebrada en el Parlamento Vasco para desvelar este dato, después de que se haya cerrado la fase de consulta pública para recabar la opinión de las organizaciones más representativas afectadas por la futura norma.
La actitud de mano tendida y de defensa de los principios rectores del Pacto Educativo, alcanzado con el 90% del arco parlamentario, que han teñido la intervención de Bildarratz coinciden en la misma semana en la que la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro ha convocado para el 5 de noviembre en Bilbao una manifestación a favor de la red pública bajo el lema “Por la Escuela Pública Vasca ¡No a esta Ley de Educación!”. Los convocantes consideran que el anteproyecto mantiene la dualidad –publica/concertada– del sistema educativo vasco, que “apuesta claramente” por privatizar los servicios públicos y supone un “retroceso” para la euskaldunización.
ESKOLA PUBLIKOAZ HARRO
Esta nueva movilización viene avalada por decenas de organizaciones del sector de la enseñanza de las que muchas han presentado sus propias alegaciones al borrador de la ley. Entre los convocantes se encuentran las plataformas educativas de Gasteiz, Oion, Bilbo, Santurtzi, Oarsoaldea, Astigarraga, Amurrio, Donostialdea, Lasarte-Oria y Ordizia. Además, sindicatos como Steilas, LAB, CCOO, ESK y CNT han llamado a sumarse a la marcha, igual que la Confereración de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige) y la asociación de directores de la pública (Heize). La lista de convocantes se cierra con las principales asociaciones estudiantiles como Ikasle sindikatua, Ikasle Abertzaleak, Ikama, Ikasle Ekintza o Gazte Komunistak.
GRATUIDAD Y CUOTAS, EN EL PUNTO DE MIRA
Más allá de este detalle del proceso aprobación de la ley, la sesión de control parlamentario se ha centrado en uno de los aspectos más novedosos y controvertidos de la norma: la gratuidad de la enseñanza y la desaparición obligatoria de las cuotas en los centros concertados que se integren en el Servicio Público de Educación que reciben financiación pública. Unas cuotas, cabe recordar, que se siguen cobrando y que se habrían incrementado un 60% desde 2020, según un reciente estudio elaborado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa). Este estudio, además, revela que la red concertada vasca es la más cara del Estado, tras Catalunya y Madrid, con una cuota media de 160 euros.
Jokin Bildarratz
El consejero de Educación ha restado validez a estos datos y ha indicado que la gratuidad de la enseñanza se ha recogido claramente en artículo 34 del anteproyecto de Ley de Educación para que "no haya ninguna duda". En este sentido la norma establece que "todos aquellos centros financiados por dinero público no podrán cobrar ningún tipo de cantidad económica". Además, ha precisado que habrá recursos para un control del régimen concertado "a fin de que no se den situaciones de financiación excesiva".
No obstante, Bildarratz ha reconocido que son conscientes de que se trata de un proceso “complejo” en el que, además, tienen que “establecer un marco de confianza, de compromiso y además de corresponsabilidad con los centros”. Por ello, y de forma progresiva, se han desarrollado actuaciones para la adaptación a lo que la ley establecerá tras su aprobación dando pasos “en el compromiso con el principio de gratuidad”. En este punto, Bildarratz ha recordado que el 19 de julio de 2022 el Consejo de Gobierno aprobó la actualización de diversos conceptos de los módulo económicos del Concierto, en primer lugar, la actualización y aumento del componente de funcionamiento y mantenimiento.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Ante las palabras de Bildarratz, EH Bildu ha defendido que en este tema se debería ir "más allá" porque ha recordado que la Ley Pública Vasca y los decretos posteriores dicen claramente que "los poderes públicos garantizarán la prestación de una enseñanza gratuita y de calidad en la escuela publica". Sin embargo, ha advertido de que para muchas familias "la enseñanza no es en absoluto totalmente gratuita", ya que hay que pagar el transporte el comedor, además de diferentes cuotas escolares", a lo que hay que añadir que en el sistema se están cobrando cuotas "que son ilegales".
Elkarrekin Podemos-IU también ha insistido en preguntar sobre los mecanismos puestos en marcha para lograr la gratuidad en la escolarización del alumnado, ya que, según ha denunciado, cobrar cuotas "es algo contrario a la ley" y se sabe que se "cobran desde hace mucho tiempo y este año más caras que nunca". A su juicio, ahora no se está cumplimiento con ese compromiso de gratuidad y "se sigue dando dinero a los centros concertados mientras estos siguen impunes al cobro de las cuotas". En este sentido, se ha referido a lo ocurrido en la ikastola de Villabona, que ha recibido financiación pública correspondiente a dos aulas que han estado vacías.