La Ley vasca de infancia y adolescencia blindará los derechos de los menores, y garantizará su protección. Así lo subrayó ayer martes la consejera Nerea Melgosa, que hizo hincapié en que “el objetivo es considerar a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos y no solo como sujetos de protección”.
El proyecto, que se prevé que se apruebe esta legislatura, busca proteger a los menores de “cualquier forma de violencia y de desprotección” en todos los ámbitos. Asimismo, el objetivo es que la norma asiente el derecho de niños y niñas “a ser escuchados y a participar de manera autónoma en la sociedad y en las políticas públicas que afecten a su derechos y deberes”.
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, dio a conocer el contenido de la Ley tras la reunión del Consejo del Ejecutivo y explicó que el texto fijará “un marco legal fuerte y sólido que proteja a todos los niños, niñas y adolescentes, incorporando disposiciones de tratados internacionales, europeos y estatales relevantes sobre sus derechos”.
Así, la futura ley prevé que cualquier proyecto normativo que se apruebe en Euskadi tendrá que contar, de manera previa, con una evaluación del impacto de dicha norma en la infancia y la adolescencia.
Recogerá medidas cautelares en casos de crisis humanitarias porque, por ejemplo, la crisis humanitaria provocada por la invasión de Ucrania “ha evidenciado la necesidad de contar con herramientas ágiles para dar respuestas rápidas a la llegada de menores sin referente familiar”, apunta el Gobierno vasco.
Contempla asimismo la articulación y regulación de unidades de atención sociosanitaria residenciales específicamente destinadas a niños y adolescentes con trastornos de salud mental y graves limitaciones funcionales que requieran de una atención social y sanitaria simultánea.
De esa forma, en el plazo máximo de dos años se elaborará un documento diagnóstico sobre la atención sociosanitaria de este colectivo con trastornos de salud mental con el fin de conocer la situación actual, identificar carencias y plantear recomendaciones con el fin de que pueda convertirse en una especie de “libro blanco” sobre la materia. Además, se creará un servicio de atención integral y especializada en población infantil y adolescente que haya sido víctima de violencia sexual.
Así las cosas, Melgosa destacó que el proyecto da respuesta a las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, especialmente en lo que respecta a la protección integral de los niños y niñas contra la violencia y a la promoción de valores no violentos y la concienciación al respecto.
Además, incorpora y desarrolla la legislación estatal, incluyendo las leyes Orgánica 8/2015 y Ley 26/2017, y la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. “Nuestra misión es dar respuesta a las observaciones de la ONU, adecuando y desarrollando nuestra legislación a la legislación estatal y a la legislación internacional”, señaló la consejera.
El proyecto también integra el concepto de “buen trato, ligado al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica”. Para ello se centra en la promoción, prevención e intervención en situaciones perjudiciales para el desarrollo y la protección de los y las menores, tanto en casos de violencia como de desprotección en el ámbito familiar.
“Este proyecto de ley es una manifestación de nuestro compromiso con los valores de equidad, inclusión y protección para todos nuestros niños, niñas y adolescentes”, subrayó Melgosa.
Recuperación de derechos
Por otro lado, el documento busca “garantizar el libre desarrollo de la personalidad de los y las menores, asegurando el ejercicio de sus derechos y buscando la recuperación y restitución de derechos vulnerados”. Incorpora además, un enfoque de promoción y prevención en todas las políticas públicas, teniendo en cuenta las repercusiones que pueden tener en los y las menores las decisiones de los diferentes ámbitos sectoriales. Así las cosas, Melgosa explicó que todas las administraciones públicas deben tomar “medidas de promoción, prevención, atención y protección de forma articulada y en coordinación con otros sectores”. “Nuestro objetivo es garantizar el libre desarrollo de la personalidad de los y las menores, asegurando que sus derechos sean ejercidos de manera efectiva y atendiendo posibles perjuicios o violaciones a sus derechos”, añadió.
Para completar el objetivo de la Ley, el proyecto recoge la creación de órganos e instrumentos como el Órgano Interinstitucional para la Infancia y la Adolescencia, el Consejo Vasco para la Infancia y la Adolescencia, el Foro de la Infancia y la Adolescencia o el Sistema Vasco de Información sobre la Infancia y la Adolescencia. “La finalidad de estas herramientas es recopilar datos que apoyen la planificación y desarrollo de políticas transversales”, explicó la consejera.
Por último, afirmó que los niños, niñas y adolescentes “no son solo el futuro, sino también el presente”. Por eso, “es nuestro deber como sociedad proporcionarles las mejores condiciones posibles para su desarrollo y bienestar”, concluyó la consejera.
El apunte
Residencias de salud mental. La Ley de infancia y adolescencia que el Gobierno vasco prevé aprobar esta misma legislatura, recoge la creación de residencias específicas de salud mental para menores. Y es que plantea la articulación de unidades de atención sociosanitaria residenciales específicamente destinadas a niños, niñas y adolescentes que presenten, al mismo tiempo, trastornos de salud mental y graves limitaciones funcionales que requieran de una atención social y sanitaria simultánea y su regulación.