La aprobación, la semana pasada en el Parlamento Vasco, de la Ley de Memoria Histórica y Democrática supuso un doble hito, por la amplísima representación del 93% de la Cámara que votó a favor de la misma –todos los grupos excepto PP, C’s y Vox– y por lo que supondrá de agrupar e impulsar las políticas de memoria, un ámbito en el que Euskadi es pionera y ejemplo a seguir en el Estado.
La nueva Ley empieza a tener efectos prácticos, en concreto en el mandato de su disposición transitoria segunda para recuperar fondos documentales. Y es que el Consejo de Dirección de Gogora autorizó ayer martes la firma de un convenio con el Ministerio de Cultura para acceder a la documentación del Tribunal de Orden Público del franquismo, que reposa en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, de cara a su digitalización.
Esta iniciativa, que coincide con el 60 aniversario de la creación de este Tribunal, permitirá la recopilación y estudio de los sumarios incoados contra ciudadanos vascos entre 1963 y 1977. Según informó Gogora, se estima que “se conservan más de 2.700 procesos de personas con vecindad en Euskadi”, aunque se espera llegar también a los de aquellas naturales de la CAV. “Este proyecto de investigación supondrá una importante contribución al esclarecimiento de la verdad del tardo-franquismo e inicio de la Transición”, añadía la nota, en referencia a la “represión” sufrida en Euskadi.
En el Consejo de Dirección, que estuvo presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu, se informó además de los resultados preliminares de otra investigación sobre las víctimas del sistema de prisiones del franquismo entre 1936 y 1945. La misma arroja que más de 37.000 personas fueron encarceladas en Euskadi en ese periodo; de ellas, 5.100 eran mujeres; 16.500 residían en la CAV y 2.314 fallecieron en prisión. Se aprobó a su vez el presupuesto de Gogora de 2024, de 6,7 millones de euros, que se destinarán sobre todo a su futuro espacio expositivo.