Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, asesinado por la que fuera novia de su exmarido y padre del menor, Ana Julia Quezada, ha anunciado que va a solicitar a la Audiencia Provincial de Almería que investigue si la interna, que cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila), ha firmado o tiene previsto firmar un contrato para grabar una producción sobre su hijo así como si hay televisiones o plataformas implicadas en dicho cometido.
Así lo ha trasladado a través de su perfil a través de la red social 'X' en donde asegura haber recibido un documento de la directora de la productora con la que contactó por mediación de la Guardia Civil en el que, ya por escrito, le confirma el cese de la producción de la docuserie. "Nuestra familia lo agradece enormemente", ha asegurado al respecto.
Investigación
No obstante, ha incidido en su interés por saber si existe alguna otra productora o plataforma que ha firmado o tiene intención de firmar con Ana Julia Quezada un contrato para un proyecto, sentido en el va a solicitar que se deduzca testimonio contra la presa y su abogado defensor, el letrado Esteban Hernández Thiel, a tal efecto.
Patricia Ramírez basa sus sospechas en la toma de declaración que, según ha indicado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habría tomado a varios periodistas así como en el informe que desde la dirección de la prisión de Brieva se remitió a la Audiencia Provincial de Almería el pasado 13 de mayo y del que dio cuenta en su comparecencia en el Senado este martes.
El documento, al que tuvo acceso una semana después y que se emitió tras la rueda de prensa en la que alertó de los planes de Quezada, señala según la lectura que hizo del mismo la madre del 'pescaíto' que la presa habría trasladado que una plataforma televisiva estaba interesada en hacer un documental o serie "recreando todos los aspectos vinculados al asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería en el año 2018".
Asimismo, se daba cuenta de que la misma interna había asegurado que tiene la "necesidad de explicarse" y contar "la realidad de los hechos acontecidos" desde su versión, toda vez que con la mencionada propuesta televisiva esperaba "recibir unos ingresos" que dedicaría "al pago de la responsabilidad civil derivada del delito", que asciende a medio millón de euros, así como al "mantenimiento económico de su propia familia".
Prisión de Brieva
El mismo escrito remitido desde la dirección de la prisión daba cuenta del nombre de la plataforma audiovisual y de los periodistas que se iban a encargar de realizar el documento audiovisual aunque matizaba que desde la prisión no se tenía "capacidad ni posibilidad" de contrastar los datos expuestos en el informe "más allá de la solicitud realizada por Ana Julia Quezada para que se autorice la comunicación con los periodistas citados".
Patricia Ramírez aseguró además que el día 14 de mayo, la condenada y su abogado habrían concertado una cita para "revisar el contrato a firmar con la productora y pactar las condiciones y cláusulas de su interés" así como "la cantidad económica".
Ante esta situación, el centro penitenciario habría informado a Ana Julia Quezada de que ese tipo de actuaciones "excede" de lo previsto para comunicaciones en base al reglamento penitenciario, según reprodujo la afectada, para quien dicha aseveración supone un reconocimiento de que se "está utilizando de manera espuria y fraudulenta las comunicaciones con amigos y familiares" así como la comunicación con periodistas fuera de los "cauces" regulados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Desde la prisión abulense habrían trasladado en su escrito que, dada la "finalidad espuria de la actuación de la interna", se le iba a denegar "la comunicación con estos periodistas" aunque sin poder asegurar que la relación entre los profesionales y Ana Julia Quezada pudiera llevarse a cabo "por otros medios como pueden ser las comunicaciones escritas".