La mayoría absoluta del PP en el Senado tumbará este miércoles la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026, paso previo a los presupuestos, lo que obligará al Gobierno español a presentar unos nuevos objetivos y retrasará aún más las cuentas de 2024.
En caso de que los nuevos objetivos de déficit y deuda también sean rechazados, el Gobierno defiende que entrarán en vigor los enviados a Bruselas en abril, que son más estrictos con comunidades autónomas y ayuntamientos, un argumento con el que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado al PP a lo largo del debate.
"Quien está perjudicando a las comunidades autónomas es usted", ha respondido la portavoz del PP, Alicia García, que ha reiterado el 'no' de la formación a una senda que supone un "hachazo fiscal" para "alimentar el hambre" de los socios del Gobierno.
El rechazo del PP -que supondrá la devolución de la senda, que no vuelve al Congreso- ha sido compartido por Vox, pero no por el PSOE, Compromís, Geroa Bai, PNV, Junts, ERC, Bildu, BNG, CC y AHI, que han apoyado la senda ante la necesidad de presentar presupuestos.
Montero critica que el PP perjudica a las regiones
La vicepresidenta Montero ha aprovechado su intervención en el Senado para criticar la postura del PP, cuyo rechazo a la senda supone "perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos" por intereses partidistas. "No tiene ni pies ni cabeza", ha resumido.
"En caso de que el PP persista en esa estrategia de obstrucción", ha explicado Montero, el Gobierno volverá a presentar la senda tal y como establece la ley de estabilidad y "si siguen bloqueándolo", se recurrirá a los objetivos incluidos en el programa de estabilidad de abril, que ya fueron avalados por la Comisión Europea.
Esto permitiría presentar el proyecto presupuestario de 2024 pese a que no hay objetivos de déficit aprobados en las Cortes, una posibilidad recogida, argumenta el Ejecutivo, en un informe de la Abogacía del Estado que no se ha hecho público y cuya existencia pone en duda el PP.
En caso de llegar a este extremo, los presupuestos de 2024 sufrirían un retraso aún mayor del que ya acumulan, ya que la nueva senda tiene que pasar por el Congreso y el Senado, lo que impediría presentar las cuentas antes de finales de febrero o principios de marzo y en ese momento arrancaría la tramitación parlamentaria, que se suele extender durante unos tres meses.
Objetivo de déficit público del 3 % del PIB
El objetivo global de déficit público es del 3 % del PIB para 2024 tanto en la nueva senda como en la remitida a Bruselas en abril, pero el reparto por subsectores de abril da menor flexibilidad a comunidades autónomas (equilibrio en lugar de una décima de déficit) y ayuntamientos (dos décimas de superávit en lugar de equilibrio).
La senda propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso prevé avanzar en la corrección del déficit público en 2025 (2,7 % del PIB) y 2026 (2,5 % del PIB). La deuda bajará al 106,3 % del PIB en 2024, el 105,4 % del PIB en 2025 y el 104,4 % del PIB en 2026.
Junto a la senda de estabilidad, el Gobierno ha presentado el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2024, que no se somete a votación y que asciende, una vez incluidos los fondos europeos, a un máximo histórico de 199.120 millones de euros, un 0,5 % más que en 2023.