El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace cuatro años e incapaz de llegar a un acuerdo para elegir a los dos magistrados que deben ir al Tribunal Constitucional (TC), volvió a mostrarse ayer en rebeldía al cargar la mayoría de sus vocales abiertamente y con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y contra los grupos que sustentan a Sánchez en el legislativo.
En un comunicado, los ocho vocales del sector conservador, los mismos que bloquean desde hace meses la elección de miembros del TC para torpedear la acción del Gobierno español, consideran “irresponsable” que Sánchez acusara a la derecha política y judicial de querer atropellar la democracia, a la par que reivindican “el imperio de la Constitución”; todo ello a pesar de que estos vocales siguen en sus puestos aunque llevan cuatro años con su mandato constitucional caducado.
En este texto hecho público ayer, estos ocho vocales –Carmen Llombart, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz, Jose Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, José María Macías y María Ángeles Carmona– critican también las “groseras descalificaciones” de distintos portavoces parlamentarios de los grupos que conforman el Gobierno y de sus socios contra el Constitucional y el Poder Judicial en el pleno del jueves en el que se aprobó la reforma del Código Penal.
Este posicionamiento del bloque de la derecha judicial llega a pocas horas de que el Tribunal Constitucional vuelva a reunirse para tomar una decisión sobre el recurso del PP para frenar cautelarmente la reforma del Código Penal.
Y es que los magistrados decidirán mañana si aceptan o no esta petición. En caso de estimarla, ya no tendrían capacidad de anular el acta del pleno de esta semana en el Congreso, pero sí se pondría en cuestión la votación del próximo jueves en el Senado en la que se debe refrendar el nuevo Código Penal.
Mientras tanto, en el CGPJ los vocales conservadores no escatiman en críticas hacia la actuación del Gobierno de coalición y afirman que las palabras de Pedro Sánchez criticando al sector mayoritario del Poder Judicial son “carentes de todo fundamento y más aún cuanto que suponen transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de la instituciones ante la ciudadanía”.
Según defienden estos vocales, tanto el Constitucional como los tribunales ordinarios han contribuido “decisivamente a la consolidación de la Democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución”. Argumentan además que la Comisión Europea, para respetar el Estado de derecho, exige a los miembros de los gobiernos y parlamentos que eviten actuaciones o declaraciones que socaven su legitimidad.
“El Estado de Derecho es la piedra angular de una sociedad democrática, donde los tres poderes y todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la Constitución, bajo cuyo cobijo se garantiza la convivencia libre y pacífica, en condiciones de igualdad”, recuerdan los vocales, que aseguran que los jueces, “con independencia de sus ideas y opiniones”, cumplen con su papel “fundamental” de respetar el orden constitucional y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Rechazan por ello las “descalificaciones” de Sánchez y llaman “a una convivencia regida por los valores de la concordia, la libertad y la seguridad jurídica, cuyo cumplimiento es especialmente exigible a todos quienes desempeñamos responsabilidades públicas”.
Pero no todos los juristas son de la misma opinión y ayer también mostró su posicionamiento la principal asociación de magistrados progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia, que reclamó “mesura” a todas las partes y afrontar el problema “sin dramatismo” y con espíritu constructivo.
Podemos sale al paso
Por otra parte, y mientras en el PSOE optaron por no ahondar en la guerra abierta, en Podemos sí que fueron muy claros al salir en respuesta del sector conservador de la magistratura española.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, calificó de “insultante” el comunicado de los vocales conservadores: “Con el mandato caducado, los vocales del PP se niegan a dimitir o a cumplir la ley, pero encima quieren que nos quedemos callados ante su golpe a la democracia”.