La mayoría de la Junta de Fiscales de Sala ha lanzado un balón de oxígeno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, respaldando su decisión de no dimitir después de que el Tribunal Supremo le haya abierto una causa por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido al Ministerio Público por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. La reunión, que acaba de terminar, se ha desarrollado a iniciativa de García Ortiz, con el fin de explicitar a la cúpula fiscal las razones que le han llevado a descartar su renuncia, una cumbre donde también se han escuchado voces muy críticas con su postura de mantenerse en el cargo.
Entre quienes han apoyado a García Ortiz se encuentran algunos pesos pesados como el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, o el del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, que han plasmado su “respeto” por la decisión del jefe del ministerio público, al igual que lo ha hecho exfiscal general del Estado María José Segarra. Por contra, entre los críticos se hallan los cuatro fiscales del procés (Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno), abiertamente enfrentados al fiscal general y le han reclamado su marcha. Tan solo ocho de los 31 fiscales que han tomado parte en esta cita se han posicionado en este último bando tras más de dos horas y media de cónclave. Cuatro de los 35 que conforman la Junta no han podido acudir por motivos de agenda y, aunque han intenado intervenir de forma telemática, se ha acordado que no podían tomar la palabra si no estaban de forma presencial.
García Ortiz ha defendido sus argumentos durante un cuarto de hora, recalcando que no ha cometido ningún delito porque él no filtró ningún correo electrónico y que la nota de prensa, de la que se hace responsable, fue para reivindicar el papel del Ministerio Público frente a la difusión de una "falsedad, un bulo". Tras su intervención, se han ido pronunciado los fiscales que han pedido la palabra, en orden del más reciente al más antiguo en la Junta. García Ortiz comunicará su decisión al Consejo Fiscal esta tarde en una reunión que se presume de alto voltaje en el órgano consultivo, donde la mayoría conservadora se opone a su continuidad.
Tensión política
Una dimisión que ha solicitado desde Bruselas el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ampare" al fiscal general del Estado tras su imputación en vez de utilizar las "prerrogativas" del Estatuto del Ministerio Fiscal para cesarle "por incumplimientos graves". "En consecuencia, estamos ante un fiscal general del Estado sentado en un banquillo delante del Tribunal Supremo. Eso va contra el Estado de Derecho en España y debemos de denunciarlo con absoluta contundencia", ha manifestado el líder de Génova. Tras resaltar que "por primera vez en 46 años de democracia en España el fiscal general del Estado ha sido imputado por el Tribunal Supremo", Feijóo ha subrayado que la pregunta que se hacen "todos los ciudadanos en este momento es cómo va a poder defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela". Tras asegurar que García Ortiz "lleva desde hace mucho tiempo en una situación atípica" porque "ha sido el fiscal más polémico de la democracia", ha censurado que el fiscal general actúe como "el ministro número 23" del Ejecutivo de Sánchez.
Desde Moncloa hacen una defensa cerrada del fiscal general, lamentando que se le investigue por defender la "honorabilidad" de la Fiscalía y "desenmascarar" la verdad frente a un "bulo" lanzado por el gabinete de Ayuso, en concreto por su jefe, Miguel Ángel Rodríguez. Así se ha pronunciado la ministra portavoz, Pilar Alegría, ahondando en que el Gobierno siete una "profunda preocupación" porque ciertas decisiones judiciales puedan "socavar" la imagen de la justicia, al estar investigando a García Ortiz por "defender" la honradez de los fiscales y de los funcionarios públicos, en vez de a la pareja de la lideresa madrileña, un "delincuente confeso", por supuesto fraude fiscal.
Así, ha detallado que los dos correos que se están investigando llegaron a un buzón general al que tienen acceso "un mínimo de 18 personas" y que ya habían sido expuestos en un medio de comunicación unas horas antes de su filtración. En la nota de prensa de la que se hizo responsable García Ortiz no había "ninguna revelación de ningún dato personal", y lo único que hizo la Fiscalía fue "aclarar la verdad", algo que "está obligado por ley", ha precisado Alegría. "Esto es como lo del dedo y la luna, estamos tapando con el dedo a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid que llega a un acuerdo de conformidad tras una confesión de un delito y a un jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid que persigue a los periodistas por decir la verdad", relatan desde el Ejecutivo.
El PP no ha perdido ripio en emplear este asunto como parte de su estrategia de desgaste hacia Sánchez. Sin ir más lejos, Ayuso ha aprovechado para cargar contra García Ortiz al estar "imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del Gobierno" con ella y, a su parecer, sin "punto de honor ni ningún tipo de prestigio". La presidenta madrileña ha censurado que "todos los poderes del Estado" hayan actuado "contra un ciudadano particular, al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año", en alusión a su pareja sentimental. "Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario", ha lanzado.