La mayoría municipal de Pamplona ha pedido la dimisión del concejal delegado de Seguridad Ciudadana Javier Labairu por descalificar a dos agentes de la Policía Municipal después de que dos sentencias firmes les hayan dado la razón recientemente en sus respectivos pleitos contra el Ayuntamiento.
La solicitud se debatirá mañana martes en la Comisión de Presidencia, donde EH Bildu, PSN y Geroa Bai han consensuado una declaración tras la intervención de Labairu en el Pleno del jueves pasado sobre las citadas resoluciones judiciales.
Durante el debate, el representante de Navarra Suma realizó algunos comentarios sobre los agentes implicados que a juicio de las formaciones progresistas fueron “humillantes” y con el objetivo de “ridiculizar”.
En la iniciativa que se debatirá en la Comisión, la mayoría municipal considera que Labairu no puede seguir al frente de la Seguridad Ciudadana “por no cumplir con los objetivos del área, ni con la protección y respeto que debe a los agentes de Policía Municipal”.
Consideran que durante su intervención hubo “descalificaciones contra los funcionarios” (de uno de ellos dijo que no era ejemplar) y que puso en duda “la vida laboral de los agentes y la “valoración sobre asuntos probados que se demuestran en las sentencias mediante informes médicos y de riesgos laborales”.
Dos sentencias
La iniciativa en el Pleno fue presentada por el grupo socialista tras conocerse el contenido de dos sentencias firmes en contra del Ayuntamiento.
La primera de las sentencias señala “el acoso laboral sufrido hacia uno de los agentes”, derivando en “tratamiento psiquiátrico recurrente y diagnosticado de lesiones permanentes”. La sentencia afirma que “se le citaba en las lecturas de servicio, a sabiendas de que no tenía obligación de acudir, solo para provocar humillaciones y desprecios continuos hacia su persona”.
La segunda de las resoluciones judiciales conocida ahora establece que “el Ayuntamiento no adoptó las medidas oportunas para “proteger la seguridad y salud del empleado, ocasionándole lesiones que derivaron en su incapacidad permanente total”.
El Ayuntamiento ha sido finalmente condenado, por un “incumplimiento empresarial muy grave”, a abonar la cantidad de 182.923 euros al agente.