Por la mínima. Las bases de Esquerra República avalaron este viernes investir a Salvador Illa como president de la Generalitat a cambio del contenido del acuerdo suscrito entre republicanos y socialistas, pero el resultado de la votación –un 53,5% a favor (3.397 militantes) y un 44,8% en contra (2.847)– evidencia la fractura abierta en el seno de la formación independentista, que asegura haber arrancado del Estado la implantación en Catalunya de una soberanía financiera plena, algo que está por vez toda vez que el asunto debe pasar por el Congreso, donde ni todos los grupos del bloque de la investidura, ni siquiera todos los diputados socialistas, comparten la contrapartida suscrita por Pedro Sánchez para hacerse con el Govern. En la sede de la calle Calàbria se respiró cierto alivio pero se adivinan tiempos de zozobra en el mundo independentista y, a su vez, en el Ejecutivo español. La jornada de proclamación de Illa puede verse alterada con alguna posición disonante dentro de las filas de Esquerra, pero sobre todo con el posible regreso del exilio de Carles Puigdemont, como prometió el mismo líder de Junts, cuya eventual detención relegaría a un segundo plano el acontecimiento y dirigiría también las miradas a Moncloa.
Los elevados datos de participación acrecentaron la incertidumbre en la dirección de ERC según transcurría la jornada, salpicada desde diferentes puntos del Estado de los pronunciamientos de ciertos barones socialistas en contra de que Catalunya disponga de una especie de Concierto Económico. Las reticencias, y hasta aversión, que el PSC genera en las bases se unía a la grave crisis interna abierta en la marca republicana tras los cuatro batacazos electorales consecutivos, una sangría que no ha sabido reconducir, amén de la división entre los mandos de la organización y polémicas como los carteles contra los hermanos Maragall, una convulsa suma de factores. Mientras pesos pesados como Pere Aragonès o Laura Vilagrà rogaban por un posicionamiento afirmativo sobre el acuerdo, desde el territorio surgieron numerosas voces internas en contra, como la de diputada en el Congreso Pilar Valluguera, y principalmente desde entidades civiles como la ANC, presidida ahora por Lluís Llach, o la del líder de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Jordi Gaseni, lo que hace prever también una Diada de alta tensión en el polo independentista, principalmente contra los líderes de ERC. No pocos salieron a recordar los repetidos incumplimientos en los pactos previos cerrados con el PSOE, así como el apoyo de Illa a la aplicación del 155 en Catalunya y su presencia en las manifestaciones de Societat Civil Catalana en contra del procés.
El respaldo al acuerdo con los socialistas lo abanderó Marta Rovira, recién retornada del exilio, y buena parte de los consellers, además del hasta la fecha president de la Generalitat. ERC organizó asambleas territoriales al día siguiente de que la Ejecutiva del partido diera luz verde a la propuesta porque debía combatir. Como mar de fondo, la pugna por hacerse con las riendas, aflorando la diferencias entre la secretaria general y Oriol Junqueras, que el 10 de junio certificó su dimisión como presidente del partido pero con la mirada puesta en presentarse en el congreso fijado para el 30 de noviembre y recuperar el cargo. Su opinión ha sido una de las más esperadas estos días pero evitó decantarse y se militó a deslizar que entendía el enfado de las bases a tenor de los precedentes.
El apartado de mayor calado del acuerdo reside en que el Gobierno del Estado y la Generalitat concretarán un nuevo sistema de financiación singular en una comisión bilateral prevista para el primer semestre de 2025. El documento no usa el término “Concierto Económico”, si bien ERC ha defendido que lo pactado puede definirse así, y sí hace referencia a acometer “las modificaciones que correspondan de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA)” para alcanzar este nuevo modelo, lo que requeriría el respaldo de una mayoría de diputados en el Congreso. Catalunya asumiría de forma “progresiva” la gestión, recaudación, liquidación, inspección y la disponibilidad de “todos los impuestos soportados en territorio catalán”. Además de abonar mediante un sistema similar al Cupo una cantidad a determinar por los servicios que presta el Estado allí, Catalunya acometería un aporte a la “solidaridad” con el resto de autonomías limitado “por el principio de ordinalidad”. Mas allá de la carpeta de la financiación, se incluyen medidas en el ámbito del conflicto político, del impulso social de la lengua catalana desde la administración pública y de infraestructuras como el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
La militancia más joven se ha revelado como la más contraria a este acuerdo. De hecho, pese a que el 'sí' ha vencido casi a los puntos, el Jovent Republicà aún podría hacer peligrar la investidura de Illa. Las juventudes del partido cuentan con la representación de una diputada en el Parlament, Mar Besses, y plantean como una opción real romper con la disciplina de voto y hacer que no salga adelante si no hay avances en cuanto a la autodeterminación, hecho que dejaría la suma de PSC, ERC y los comunes a un escaño de la mayoría absoluta. Para ello, la organización juvenil tiene previsto convocar un consejo nacional extraordinario para decidir el sentido del voto de Besses.