El repunte de la inflación y la incertidumbre económica se han convertido en dos obstáculos casi insalvables en la negociación colectiva vasca. El IPC, que ronda el 10% en Euskadi, ha dejado de ser una referencia válida a la hora de pactar subidas salariales. Y a la ecuación se suma la amenaza de una recesión a la vuelta del verano. Los empresarios no tienen la certeza necesaria para ofrecer incrementos de sueldos, pero los trabajadores perciben que los precios adelantan por la derecha a su poder adquisitivo.
El presidente de Consejo vasco de Relaciones Laborales, Tomas Arrieta, advirtió ayer del bloqueo de las relaciones laborales y planteó una solución: pactar subidas salariales ligadas al IPC aunque repartidas en varios ejercicios. Se trata básicamente de llegar a acuerdo que fijen incrementos de sueldos en diferido. Si, como apuntó ayer la Comisión Europea, el IPC del Estado sube el 8% este año y el 3,4% el próximo, los convenios deberían trasladar subidas que sumen esos repuntes en un plazo lo “más amplio” posible. De modo que cuando los precios se normalicen y se sitúen en la zona de seguridad, por debajo del 2%, ya estén reflejados en los convenios esos crecimientos.
Es una dinámica que ya se está desarrollando en algunas empresas, pero el presidente del CRL pidió ayer que se generalice. Arrieta explicó en la presentación del informe sociolaboral relativo a 2021 que existe un estancamiento “innegable” en la consecución de acuerdos en la negociación colectiva en Euskadi por la espiral de precios y las dudas sobre la evolución de la economía.
Añadió que los resultados del diálogo entre empresarios y sindicatos en lo que va de año “no invitan al optimismo, aunque los procesos siguen abiertos y la actividad negociadora se mantiene viva”. Entre enero y mayo solo se han actualizado el 31% de los convenios y tienen vigencia prorrogada o están pendientes de renovar algo más del 59%. Se firman “pocos acuerdos” y los datos “son malos”.
A juicio de Arrieta, resulta “claro y evidente” que la evolución de la inflación “está dificultando los procesos de negociación”. Y lo peor es que este escenario “complejo” tiene difícil solución”. Todo ello en un contexto en el que los precios avanzan mes a mes sin control, confirmándose como una auténtica amenaza para el poder adquisitivo de los hogares.
PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO
Arrieta explicó que que el el diferencial entre el IPC y los incrementos salariales pactados mantienen “la diparidad actual” se producirá una “pérdida” de poder de compra “inmediata”. De ahí, que el presidente del CRL planteará a las partes negociadoras la meta de “tratar de conservar el poder adquisitivo a medio plazo” a través de “fórmulas donde, con carácter inmediato, se pacten incrementos que no recojan el actual repunte de la inflación, sino que lo reparta en un periodo más amplio”.
Tras afirmar que esa fórmula de acuerdo “es un reto innegable y de los más complejos a los que se ha enfrentado la negociación colectiva en los últimos años” puntualizó que, el hecho de que “funcione”, dependerá de “cómo evolucionen los parámetros en los próximos años y si se es capaz de contener la inflación de segunda vuelta, la peligrosa retroalimentacion del proceso inflacionario”.
En todo caso, Arrieta manifestó que, además de que esos acuerdos a medio plazo son “posibles”, son “absolutamente deseables y necesarios”. “Me gustaría creer que es posible, aunque es una negociación más compleja, sin duda, y de ella depende gran parte de nuestra estabilidad a medio plazo”, insistió.
En este punto, y también con relación al IPC, indicó que el informe del CRL constata que el 56,2% de los trabajadores con convenios vigentes tienen establecido para 2022 un incremento salarial fijo, no ligado al IPC y carecen de cláusula de revisión. Por su parte, el 43,8% de los trabajadores que cuentan con convenios vigentes incorporan para el cálculo de los incrementos salariales a aplicar en 2022, la referencia a la variación del IPC pero parte de ellos tienen un límite fijado. Es decir, que, si se mantienen los niveles actuales de inflación, no absorberán toda la subida de los precios.
En cuanto a la evolución del empleo, el presidente del CRL afirmó que el empleo en Euskadi atraviesa en 2022 un momento “excelente” que ha atribuido un incremento de la afiliación a la Seguridad Social, con una disminución en el número de contratos temporales suscritos y a un aumento de los indefinidos. De esta forma, en el primer semestre de 2022 en Euskadi se han suscrito 411.957 contratos de trabajo, un 15,5% menos que los firmados en el mismo periodo de 2019.
No obstante, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social (incluidos los regímenes especiales y los autónomos) ha pasado de 973.417 personas en junio de 2019 a 987.179 afiliadas en junio de 2022, con un crecimiento de 13.762 personas, un incremento del 1,4%. Arrieta afirmó que, el hecho de que se haya producido un incremento de la afiliación a la Seguridad Social, con una disminución en el número de contratos temporales suscritos y un aumento de los indefinidos refleja “una mejora de la calidad en el empleo”.
Por su parte, el crecimiento de la afiliación en el Régimen General de la Seguridad Social para el período referido se cifra en el 2,3%, con un aumento de 17.362 personas, mientras que los afiliados con contratos indefinidos a tiempo completo han subido un 10,1%; con contrato indefinido a tiempo parcial un 25,7%, y con contrato fijo discontinuo un 62%.