Poliki poliki, la hacienda estatal llevaba recaudados en el mes de julio la friolera de 22.283 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior, según la Agencia Tributaria. En términos homogéneos (netos de devoluciones), la variación anual asciende a 22.586 millones, un 17,5% más de ingresos. Estamos hablando de 2 puntos de PIB, un 2% de la riqueza que produce el país en un año y que por arte de birlibirloque pasa de los bolsillos de las personas, familias y empresa, a los del Estado. Al final de este año, la cantidad superará los 35.000 millones, más de 3 puntos de PIB. Y todo ello, sin aprobar ninguna figura normativa nueva. Le basta a la ministra de Hacienda sentarse en su despacho de la calle Alcalá y comprobar cómo se dispara el IPC. Cuanto más aumenten los precios, más suponen los impuestos al consumo y las rentas. En el lado opuesto, el ciudadano se empobrece por una doble vía: paga más por el alza de los productos, y además añade tributación a su factura. Se trata de un proceso indecente, carente de ningún atisbo de justicia social y nada compasivo, porque generaliza las cargas y refrenda la pretendida preeminencia de lo público sobre lo social. Cuanto peor lo pasa la gente, más se lucra el Gobierno. Llueve sobre mojado. Según un informe que publicó hace diez días la OCDE (“Tax Policy Reforms 2022”), España fue el país donde más creció la presión fiscal en 2020, en plena pandemia. Subió hasta el 36,6% del PIB, 1,9 puntos porcentuales más que el año anterior, y casi 5,5 puntos en relación con 2010. Ahora, pongamos esto en el contexto de una realidad de la que nadie habla: la constatación de la renta per cápita de los españoles era de 22.260 euros en 2006, y fue de 23.510 en 2021, según Eurostat. Dicho en plata, llevamos década y media sin que el país avance, genere riqueza endógena, crezca el bienestar y se desarrolle económicamente. Dato mata relato: más impuestos, más pobreza de las familias y nulo crecimiento económico son los tres vértices de una misma realidad.
La usura fiscal se ha mantenido en los últimos años a base de predicar que era necesario pagar muchos impuestos para mantener los servicios públicos, imprescindibles para que nadie carezca de lo necesario. Con esa chulería que Dios le ha dado, decía esta semana Patxi López que “Esto que suele decir la derecha que el dinero donde mejor está es el bolsillo de la gente, es una falacia absoluta. Porque cualquier ciudadano o ciudadana que haga la prueba: como le tengan que operar en un hospital y tenga que pagar la cuenta. O como tenga que llevar sus hijos a una escuela y tenga que pagar”. El truco argumental consiste en contar que los impuestos sólo sufragan necesidades que llegan a los ciudadanos menesterosos, lo cual es mentira. Por ejemplo, a la sanidad apenas se dedica el 6% del PIB, una de las menores cifras de Europa, sin que ningún gobierno haya articulado un objetivo político solvente para dotarla de más medios, y por eso agoniza, aumentan las listas de espera y se niegan tratamientos a los pacientes, cosa que está ocurriendo en nuestro país. Y la educación está, como sabemos, a la cola de cualquier informe internacional comparativo de calidad que se haga, en todos sus niveles, por confundir la estatalización con su necesidad social. Lo que no nos contará López es que los impuestos sirven, principalmente, para que él y muchos como él, que nunca han tenido otro empleo que la política, sigan amorrados a lo que sea y dando lecciones a los curritos de por qué deben dejarse asaltar por los cobradores de tributos.
Pero hete aquí que se acaba de abrir una brecha y parece que quiebra el principio colectivista de que los impuestos únicamente pueden subir, y nunca bajar. Que Ayuso o Moreno hayan tomado sus propias decisiones en los respectivos tramos autonómicos tendría una justificación política, redimiendo parcialmente a su partido del vampiro Montoro que tanto daño hizo a las clases medias. Pero lo del socialista Puig con su “viva Cartagena - yo también los bajo en Valencia” significa, sobre todo, que se empieza a entender lo insostenible del atosigamiento al ciudadano. Paradojas de la vida: la sordidez del caso de Mónica Oltra y sus dos maridos –el condenado por abusos sexuales a una menor y el que presuntamente colaboró en su encubrimiento desde la jefatura de gabinete de la exvicepresidenta–, hace temblar las columnas del tempo ideológico. Se pueden bajar los impuestos, y es lo que parece muy necesario ahora mismo.