El pasado mes de marzo, los gobiernos vasco y español firmaron el traspaso definitivo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el último colchón social de 491,63 euros para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión de las personas que viven solas o carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Dos meses después, el Consejo de Gobierno Vasco ha dado luz verde al proyecto de Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión, más conocida como la ley de la RGI que, además de integrar el IMV y complementar su cobro con la RGI o las Ayudas de Emergencia Social (AES), se amplían las coberturas. Además, se mejoran las cuantías para las personas más vulnerables (hasta un 40% a familias con menores a cargo y hasta un 17% a pensionistas).
Toda la gestión del sistema recaerá en Lanbide, que creará una Unidad de Inspección para evitar el limitado aunque siempre controvertido fraude en la percepción de las ayudas. La intención del Ejecutivo de Gasteiz es que el texto sea ratificado por el Parlamento Vasco antes de que finalice el año, tras incorporar en él las 200 alegaciones recogidas durante el año largo de tramitación. En la actualidad, las cuantías máximas que reciben las personas perceptoras de RGI son de 727 euros para una persona, de 934 para dos personas y para unidades convivenciales con tres o más personas de 1.033 euros. En el caso de los pensionistas, una persona recibe 834 euros al mes, con una unidad convivencial de dos personas 1.043 euros y con tres o más 1.126 euros.
Novedades de la reforma
La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, fue la encargada de desgranar el contenido de la futura ley con la que se busca "reforzar" la "experiencia de éxito" de los últimos 30 años que ha supuesto el sistema de protección de Euskadi y plantea "procesos de tramitación más ágiles y garantistas". Según Mendia, la nueva norma pretende "mejorar la suficiencia de las cuantías garantizadas, especialmente donde hay menores, y simplificar y agilizar la gestión de las prestaciones económicas, con una mayor seguridad jurídica y mejorando las herramientas de identificación y control".
Cambios en la Ley de Garantía de Ingresos de Euskadi
- CUANTÍA BASE 491 EUROS: El aumento de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la mejora de los requisitos para acceder a ella para las unidades de convivencia más vulnerables, como las que cuentan con menores y con pensionistas entre sus miembros, son las principales novedades del proyecto de ley que regula el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión. La cuantía base se actualizará cada año en los presupuestos y para 2022 sería de 491,63 euros, la fijada para el IMV, a los que se irán añadiendo los distintos complementos en función de los miembros de la familia y de sus circunstancias.
- ÍNDICE DE POBREZA POR DEBAJO DE LA MEDIA DE LA UE: En un contexto en el que la tasa de pobreza grave en Euskadi se mantiene por debajo de la de la UE, con un 6,1 % frente a un 7 % en Europa, el proyecto de ley replantea el sistema para incorporar el Ingreso Mínimo Vital, de manera que queda integrado, además de por esta prestación, por la RGI, las Ayudas de Emergencia Social (AES), y los servicios orientados a la inclusión laboral y social, gestionado todo ello por Lanbide.
- MEJORA DE LAS CUANTÍAS EN LOS HOGARES CON PENSIONISTAS Y MENORES: La futura ley mejora en todas las situaciones vulnerables. En el caso de familias con menores hasta un 40% y en el caso de pensionistas hasta un 17%, y ofrece mejor cobertura en el caso de mujeres maltratadas o explotadas, personas con discapacidad, personas refugiadas y víctimas de terrorismo que se vieron forzadas a partir y quieran regresar.
- MAYOR PROTECCIÓN A LAS MADRES: Para las mujeres, se elimina un requisito que les penalizaba especialmente, como es el de hacer valer derechos económicos de carácter privado, por pagos de pensiones en separaciones.
- vÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y DE LA VIOLENCIA MACHISTA: También se facilita el acceso a víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual. En el colectivo de jóvenes, se facilita el acceso a partir de los 18 años ya sea por orfandad, matrimonio o hijos. El proyecto, por otro lado, rebaja a las personas con discapacidad la exigencia de empadronamiento a dos años si tienen reconocido un 33%, mientras que para personas refugiadas, o que formen parte de acuerdos de reubicación de la UE, bastará acreditar empadronamiento sin antigüedad.
Como novedades, se facilita el acceso a las familias con menores, que solo tendrán que acreditar un padrón de dos años. Otro de los colectivos a los que se les flexibiliza este trámite es a las víctimas de terrorismo y a los miembros de las colectividades vascas, a los que les bastará con estar empadronado en Euskadi en el momento de la solicitud.
Por otro lado, verán rebajada la exigencia del empadronamiento las personas que tengan reconocida una discapacidad del 33 %. En todos los supuestos la prestación se cobrará al mes siguiente de la solicitud y la cuantía se revisará trimestralmente.
¿Y el complemento de vivienda?
Una de las dudas que planeaba sobre la futura ley de la RGI era cuál será el encaje que tendrá la Prestación del Complemento de Vivienda (275 euros) dirigida al pago del alquiler ya que próximamente la gestión de la PCV pasará de Lanbide a manos del Departamento de Vivienda. Según aclaró la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, a ley prevé una disposición transitoria que contempla esta mudanza. Y en este sentido, Mendia aseguró que se incorporan muchas facilidades para que los perceptores de la RGI puedan cumplimentar todos los pasos para pedir también la ayuda de alquiler sin cometer errores.
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