La nueva Ley de Movilidad abre la puerta a tasas municipales a la circulación

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que recogerá un nuevo mapa concesional para el transporte regular de viajeros por autobús y que abre la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan una tasa a la circulación de determinados vehículos en zonas de bajas emisiones.

Según ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta ley pretende también reducir las ineficiencias de gasto en las inversiones de transporte, que el Ejecutivo cifra en 8.000 millones en una década.

Asimismo, la titular del departamento ha recordado que la gratuidad en el transporte de Cercanías, Rodalies y media distancia se va a mantener en 2023 y se va a extender a los autobuses regulares de titularidad estatal.

PILARES DE LA NUEVA LEY DE MOVILIDAD

Con esta Ley de Movilidad Sostenible, que el Gobierno espera que entre en vigor el año que viene, se busca una movilidad más limpia y saludable en un sector, el del transporte, que suma 800.000 empleos, supone el 4,5 % del PIB, el 13 % del gasto de los hogares, acumula 5.000 millones de viajes en el transporte colectivo al año y es responsable del 27 % de las emisiones, por encima de la media europea.

Entre los pilares de esta nueva norma, que busca más coordinación y colaboración entre las administraciones, se busca hacer de la movilidad un derecho de la ciudadanía a fin de dar respuesta a la mayor concentración de población en grandes urbes y áreas periféricas pero también a las áreas rurales y pequeñas ciudades que se enfrentan a la despoblación.

En este sentido, se creará el sistema nacional de movilidad sostenible, se reordenará el transporte de viajeros regular por carretera con un nuevo mapa concesional que se está trabajado con las comunidades autónomas para mejorar el servicio a fin de que el autobús pueda atender a más personas, con mejores precios, de forma más competitiva y con un mejor servicio. También se reconoce la importancia estratégica del transporte de mercancías como un servicio indispensable.

Otra de las bases es acelerar la descarbonización del transporte con ciudades pensadas para las personas y no para los coches y se abre para ello la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan una tasa a la circulación de determinados vehículos en zonas de bajas emisiones.

También establece que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes deben tener planes de movilidad sostenibles, que existan en empresas de más de 500 empleados planes de movilidad sostenible al trabajo y que las compañías de transporte calculen la huella de carbono y lo comuniquen a los usuarios.

Asimismo, se quiere mejorar la calidad en las decisiones de gasto haciendo un análisis que garantice la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones y se apuesta por la digitalización y la innovación con un nuevo espacio de datos y un "sandbox" de movilidad para poner en prueba proyectos innovadores y una ventanilla única para que los vehículos autónomos puedan hacer pruebas en vías públicas.

POSTURA DE LA CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) propone revisar el sistema concesional en el transporte de viajeros por carretera, especificar los requisitos que debe cumplir una ruta para ser susceptible de liberalización y definir las obligaciones a los operadores para evitar que el statu quo actual permanezca inalterado.

Asimismo, plantea homogeneizar la intervención de la CNMC en los sectores aeroportuario y ferroviario; hacer imperativa la eliminación de las OSP (Obligaciones de Servicio Público) en el momento en que dejen de estar justificadas o adoptar medidas para la separación contable, funcional y jurídica entre la gestión de la infraestructura y la operación del servicio.

Además, pide mayor flexibilidad en las condiciones para establecer servicios ferroviarios cuando coincidan con rutas de autobús.