LaLiga decidió reemplazar para la pasada jornada de liga la bandera de apoyo a Ucrania en las retransmisiones de los partidos por el lema “Ley del Deporte para todos”. Y es que desde LaLiga se considera que el proyecto de reforma en el que trabajan el PSOE y el PP beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría, por ello está sobre la mesa la amenaza de huelga, que podría comenzar esta próxima jornada. En consecuencia, esta semana resulta crucial para la continuidad de la competición.
La guerra entre las partes –los clubes bajo el amparo de LaLiga a excepción de Athletic, Barcelona y Real Madrid, es decir 39 de los 42, y el Gobierno– procede de la retirada de varias enmiendas al texto acordado entre los partidos políticos en un primer instante. Las enmiendas tienen relación principalmente con tres puntos: la seguridad jurídica y la comercialización de los derechos de la competición; la posibilidad de que LaLiga y la Federación veten a clubes participantes en competiciones ajenas a la UEFA y la FIFA, como podría ser el caso de la Superliga; la exigencia de informes previos favorables de LaLiga a los cambios de normas de la Federación Española de Fútbol.
El punto que mayor controversia genera es el primero, que guarda relación con el acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC, del cual se nutren 39 de los 42 clubes, y que podría quedar desamparado y, en caso de quedar al margen de la ley, podría obligar a los clubes a devolver la parte económica recibida del fondo. Esa posibilidad podría conducir a la quiebra, denuncian las entidades.
Precisamente la Federación se pronunció ayer lunes para calificar de “intolerable” la amenaza de huelga por el desacuerdo con la nueva Ley del Deporte, sobre la cual hoy martes se cerrarán las alegaciones en el Congreso, donde al parecer ignorarán las demandas de los 39, para dar paso el jueves a una Asamblea Extraordinaria entre las entidades que proponen un parón de la competición, donde Athletic, Barça y Real Madrid son excepción, al igual que lo han sido sus retransmisiones de la última jornada, en las que no ha aparecido el lema que promueven los otros 39 equipos profesionales. En sus casos, en la imagen se pudo observar la bandera ucraniana. Si bien, es posible que esto no suceda cuando jueguen sus partidos a domicilio.
Según la Federación, el Gobierno “no va a ceder al chantaje” de la patronal. Y es que a juicio del organismo que presidente Luis Rubiales, detrás de la amenaza de huelga está la intención de salvar el acuerdo con el fondo de inversión CVC, al cual se negaron los tres clubes que no sustentan la detención de la competición y que fue aprobado mediante una Asamblea de LaLiga para el reparto de un total de 1.994 millones de euros por el 8% de los beneficios de comercializar la competición durante 50 años. Los tres clubes desalineados propusieron por su parte una alternativa al acuerdo con CVC que permanece en vigor. Se trata de la solicitud de un crédito de 2.000 millones de euros con un 2,3% de interés, lo que se antoja como una operación más rentable que la de CVC, que implicaría un desembolso para las entidades de entre el 20% y el 25% de interés a lo largo del medio centenar de años, según cifran los opositores. La operación resultaría viable gracias a las compañías JP Morgan, HSBC y Merrill Lynch.
“La presión que está soportando el Gobierno y las Cortes orquestada por Javier Tebas desde LaLiga amenazando con un cierre patronal es intolerable y estamos seguros de que no van a ceder al chantaje. Lo que está claro es que Tebas ve que la operación de CVC es ilegal porque la actual Ley del Deporte no permite hacer lo que está haciendo. Sabe que tiene perdido el caso en los tribunales y por eso quiere blindarse a nivel legislativo lanzando un órdago a la soberanía popular”, declaró ayer lunes el portavoz de la Federación, Javier Gómez Matallanas.
Pese a que desde la Federación se tilda de “ilegal” el acuerdo con CVC, los clubes que lo aprobaron han recibido hasta la fecha cerca de la mitad de la cantidad acordada.
Para Gómez Matallanas, la amenaza de huelga también se considera “ilegal” y en caso de ejecutarse debería implicar el cese del presidente de LaLiga, Javier Tebas. “Si consuma su plan, debería ser inhabilitado de inmediato”, añadió el portavoz, quien profundizó en sus críticas hacia Tebas sosteniendo que la “mala praxis ha facilitado la pérdida de talento y de interés” del fútbol estatal. “La competición se ha devaluado en tiempo récord y su presidente, en vez de trabajar para detener esta caída libre, se centra en guerras e intereses personales y está arrastrando al fútbol profesional español al abismo”, apostilló.
En la línea de las declaraciones anteriores, el portavoz manifestó que el fútbol profesional español “no puede depender de sus chapuzas con un fondo luxemburgués en el que le van a retribuir de forma multimillonaria con la presidencia vitalicia de una empresa de comercialización de derechos”. Además, cuestionó el apoyo de los clubes: “¿Cómo sus aliados no pueden ver algo así? A Tebas solo le interesa asegurar su estatus, puede hundir a muchos clubes, entre ellos los que ahora no están en el fútbol profesional, pero que aspiran a estarlo”.
Tras el cierre de alegaciones, la Asamblea convocada por LaLiga se realizará, según dijeron, “con el objetivo de analizar” la situación actual de la futura Ley del Deporte, “así como valorar y decidir posibles acciones”. Por otro lado, numerosos presidentes de los 39 clubes postulados en favor de la huelga han realizado diversas críticas contra la Ley, que podría entrar en vigor en diciembre.