La nueva reunión de la mesa de diálogo cierra el curso político en el Estado

El mes de julio no ha deparado el habitual parón veraniego en el ámbito de la política estatal, sino todo lo contrario: han sido semanas de movimientos intensos con varios hitos sucesivos antes de dar por concluido el curso. Entre ellos, cabe destacar el debate de política general en el Congreso, la reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès, la salida de Adriana Lastra de la dirección del PSOE y el posterior Comité Federal con reestructuración, el regreso de Anna Gabriel a Catalunya y la marcha de Dolores Delgado de la Fiscalía General del Estado.

Ahora, el broche final a un mes de julio mucho más movido de lo normal lo pondrá la reunión de la mesa de diálogo entre Catalunya y el Estado mañana miércoles o el jueves en Madrid –la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà no desveló ayer la fecha exacta–, en lo que será una nueva jornada de trabajo para tratar de acercar posturas entre las dos administraciones sobre el conflicto político catalán y los ámbitos de choque entre ambos ejecutivos. Aunque por el momento las posiciones están más que alejadas en cuanto a lo trascendental, tanto Moncloa como el Govern han optado por darle a este órgano una nueva oportunidad, tras meses convulsos que habían imposibilitado cualquier tipo de cónclave o negociación de estas características.

El pasado mes de septiembre se celebró el último encuentro hasta la fecha de la mesa de diálogo, en una cita que estuvo marcada por la exclusión de Junts, ya que Pere Aragonès no aceptó la comitiva de representación que querían llevar sus socios a la cita. La cumbre se celebró por tanto únicamente con consellers de ERC y, aunque las sensaciones no fueron malas, la negociación volvió a quedar en stand by y, unos meses más tarde, estuvo cerca de irse a pique tras saltar el escándalo de las escuchas con Pegasus a dirigentes independentistas catalanes.

Las maniobras de Bolaños

De esta manera, todo lo relativo al espionaje puso en peligro el diálogo entre Catalunya y el Estado e incluso la relación del día a día entre la administración catalana y la española. Pese a ello, en las últimas semanas desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han esforzado en buscar el deshielo y en ese terreno de juego ha maniobrado con habilidad el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha desplegado una serie de encuentros de perfil bajo con su homóloga Laura Vilagrà que han propiciado, en primer lugar, la reunión Sánchez-Aragonès en Moncloa y, después, esta nueva cita de la mesa de diálogo.

La de Madrid será una jornada de trabajo entre ambas administraciones en la que no estarán ni Sánchez ni Aragonès, que delegarán en sus ministros y consellers de confianza los asuntos a tratar. El president ya expresó trás su cara a cara con el jefe del Ejecutivo español que, aunque no hay consensos sobre los temas más enrevesados del conflicto catalán, sí confía en que pueda haber pronto unos pactos parciales que surjan de la mesa de diálogo y propicien su continuidad al menos en lo que resta de la legislatura en el Estado.

Está por ver en cualquier caso qué ámbitos se tocarán en la cumbre de esta semana. Mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha abogado por abordar todo lo que respecta a la financiación autonómica, los choques competenciales o el cumplimiento del Estatut, la Generalitat hasta la fecha no ha renunciado a exigir que se negocie sobre cuestiones como la amnistía, el fin de las causas judiciales al independentismo o el derecho a decidir.

Pero Moncloa siempre se ha ceñido al marco de la Constitución y del actual Estado de las autonomías, lo que ha motivado el desprecio de la segunda pata del Govern, Junts, a este órgano de negociación. Los posconvergentes, ahora liderados por Laura Borràs y Jordi Turull, ven estas conversaciones como inútiles, al entender que nada de lo que ahí salga supondrá un avance en lo identitario para Catalunya, sino que, por lo contrario, reforzará el autonomismo y la dependencia hacia el Estado español.

La relación entre los dos socios del Govern siempre ha tenido una mala salud de hierro, pero ahora está particularmente estropeada por las desavenencias en la estrategia independentista y, más allá, por la situación procesal de Laura Borràs, a quien ERC y Aragonès ya han pedido que abandone la presidencia del Parlament ante la inminente apertura del juicio en su contra en el Tribunal Superior catalán por los contratos irregulares que adjudicó supuestamente en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Respiro para Sánchez

Pedro Sánchez y su Ejecutivo, por su parte, no llegan particularmente apurados a esta nueva reunión de la mesa de diálogo, ya que el debate de política general en el Congreso supuso para el presidente español un respiro y un empujón a su acción de Gobierno tras unos meses muy complicados y de sucesivos reveses.

Ahora, el líder socialista está centrado en recoser alianzas parlamentarias e institucionales y, sobre todo, en echar a rodar su nueva Ejecutiva de cara al ciclo electoral que aguarda el próximo 2023. Todo ello ante la pujanza del PP de Alberto Núñez Feijóo, que lidera las encuestas y ha obligado a Moncloa y al PSOE a reaccionar a año y medio de los comicios generales.