La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha alertado de que los sistemas de pensiones a nivel global tendrán que elegir entre incrementar las cotizaciones de los trabajadores, elevar la edad de jubilación o reducir las pensiones para su mantenimiento, según se desprende del informe bienal 'Pensiones de un vistazo', publicado este miércoles.
"Poner las pensiones en un rumbo sólido para el futuro requerirá de dolorosas decisiones políticas: o pedir que se pague más con las cotizaciones, trabajar más [años] o recibir pensiones más bajas. Pero estas decisiones también serán dolorosas porque las reformas de las pensiones están entre las más contenciosas, menos populares y potencialmente peligrosas", ha indicado la OCDE en el documento. Estas recomendaciones son a nivel general para todos los miembros que conforman la esta Organización, pero no se refieren a ningún país en concreto.
El organismo ha recordado que, aunque todos los esfuerzos políticos hayan estado enfocados en la pandemia los dos últimos años, "el desafío a largo plazo para las pensiones sigue siendo proporcionar pensiones financiera y socialmente sostenibles en el futuro".
En este sentido, la OCDE considera que la crisis de la covid va a tener un impacto sobre la financiación del sistema de pensiones "relativamente modesto" si se compara con el reto que supone para su viabilidad el envejecimiento de la población, para el que la principal recomendación es un sistema de ajuste automático.
Sobre esta cuestión, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico critica que el Gobierno español haya abandonado un ajuste automático del sistema de pensiones como era el factor de sostenibilidad para sustituirlo por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional que, según los cálculos conocidos, ni siquiera equivale a los costos de indexar las pensiones a la inflación.
En su informe bienal sobre pensiones, la OCDe carga contra la reforma adoptada la semana pasada por el Congreso tras la derogación de la que llevó a cabo en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy, contra la que también carga por diferentes razones.
Explica que el mecanismo de equidad intergeneracional, que supone un aumento de las cotizaciones (de 0,6 puntos) durante un periodo de diez años para afrontar el aumento del gasto por la jubilación de las generaciones más numerosas del "baby boom", se estima que permitirá recaudar en todo ese tiempo un 2,3 % del producto interior bruto (PIB).
El problema -añade- es que al mismo tiempo la Comisión Europea ha calculado que solo la indexación de las pensiones a la inflación, que sustituye en la nueva reforma al mecanismo de revalorización de Rajoy, supondrá un sobrecosto anual equivalente al 1,4 % anual del PIB en 2030 y del 2,6 % del PIB también anualmente desde 2050.
El responsable del estudio, Hervé Boulhol, pone el acento en que el mecanismo de equidad intergeneracional "da un poco de oxígeno a corto plazo, pero no está a la altura del problema de largo plazo" del sistema, y eso significa que "harán falta nuevas medidas".
"En el horizonte de 2040-2050 hay un problema de recursos" por el rápido envejecimiento de la población en España y eso requiere "medidas estructurales", repite Boulhol, en declaraciones a Efe.
El principal defecto -añade- es que ahora se está haciendo una propuesta "a medio plazo y no se dice lo que ocurrirá después". La OCDE incluye en un capítulo sobre el Estado español estas últimas evoluciones del acuerdo negociado por el Gobierno con sus socios parlamentarios y con los sindicatos, pero rechazado tanto por la patronal como por la oposición de derechas, y hace hincapié en que de esa manera se han eliminado los mecanismos de ajuste automático que tienen a su parecer una amplia serie de ventajas.
LAS VENTAJAS DEL AJUSTE AUTOMÁTICO
Hace notar que España forma parte de una minoría de países en la OCDE (un tercio del total) que no disponen de un mecanismo automático de ajuste y que, según los autores del informe, "ponen a resguardo las pensiones de las incertidumbres y son menos erráticas, más transparentes y más equitativas entre generaciones que las modificaciones discrecionales".
"Los mecanismos de ajuste automático -subraya- presentan la ventaja de definir la dirección que deben tomar los regímenes, sabiendo que un cambio de orientación exigirá al menos explicaciones y pondrá en evidencia los compromisos".
Reconoce que el factor de sostenibilidad que se contemplaba en la reforma de 2013 (aunque nunca llegó a entrar en vigor) funcionaba como ajuste automático pero presentaba un doble problema.
El primero es que, como quedó patente en 2019 cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió suspenderlo, se instauró sin el consenso que hubiera sido necesario para que un dispositivo de este tipo pudiera perdurar, ya que ni los sindicatos ni la izquierda (entonces en la oposición) dieron su visto bueno.
Además, califica de "cuestionable" el índice de revalorización de las pensiones que puso en marcha el Ejecutivo de Rajoy, y que se tradujo en una pérdida de poder adquisitivo en 2017 y 2018, ya que tenía un impacto sobre los jubilados cuando ya poco podían hacer para aumentar sus ingresos, por ejemplo trabajando más.
Como en las ediciones anteriores, la OCDE examina algunos de los parámetros del sistema y sitúa a España dentro de un grupo de países miembros que tendrán que afrontar "serios problemas demográficos que se repercutirán en la adecuación de las pensiones de jubilación, en su viabilidad financiera o en las dos".
UN ENVEJECIMIENTO MUY MARCADO EN EL ESTADO ESPAÑOL
Sobre todo por el envejecimiento previsto de su población. En el horizonte de 2050, en el Estado español habrá 78,4 personas de más de 65 años por cada 100 que tendrán entre 20 y 64 años, en edad de cotizar. Una proporción que solo se superará en Japón (78,8) y Corea del Sur (78,8).
En paralelo, se calcula que de aquí a 2060 la población de entre 20 y 64 años disminuirá en el Estado más del 25 %, frente a una media del 10 % en la OCDE.