Euskadi fue en 2023 una de las siete autonomías en las que creció la ocupación de viviendas, en concreto un 11,8 %, frente al 8,8 % que bajó en el total de Estado, donde se contabilizaron 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles, según los datos facilitados a EFE por el Ministerio de Interior.
Estas cifras no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se ocupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (ocupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías).
La comunidad autónoma con más ocupaciones registradas fue Catalunya, con 6.258. Por detrás de ella se sitúan Andalucía (2.331), la Comunidad Valenciana (1.640) y Madrid (1.516).
En el otro extremo, La Rioja (52), Cantabria (76) y Asturias (88) fue donde menos viviendas se ocuparon, sin contar las ciudades autónomas de Ceuta (9) y Melilla (11).
Se incrementa en siete comunidades
Pese al descenso general, en siete comunidades autónomas la cifra se ha incrementado. Es el caso de Asturias, donde crece un 29,4 %, La Rioja (15,5 %), Cantabria (14,4 %), Canarias (14,3 %), Euskadi (11,8 %), Galicia (11,5 %) y Aragón (8,9 %).
Las regiones donde más desciende son Murcia, con una bajada del 31,4 %, Navarra (26,1 %) y la Comunidad Valenciana (19 %).
Las estadísticas del Ministerio del Interior no discriminan entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno -el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble- porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial.
Según los datos de la Fiscalía General del Estado, recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2022, solo el 0,16 % de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento. Así, a lo largo de 2022 se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación y 96 procedimientos por allanamiento.