La ONU alerta de la profunda crisis humanitaria en Afganistán

Naciones Unidas ha alertado este martes de la "profunda crisis humanitaria" en Afganistán y de su amenaza para los Derechos Humanos "más básicos", al tiempo que ha reclamado a los talibán que garanticen su respeto, especialmente en el caso de mujeres y niñas, para mantener la estabilidad en el país.

La 'número dos' de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha resaltado que "la vida económica está paralizada en gran medida" y ha indicado que "con la llegada del invierno, mujeres, hombres, niños y niñas hacen frente a una grave pobreza y hambre".

"Cada vez más afganos tienen problemas para satisfacer sus necesidades básicas", ha manifestado, antes de agregar que "personas en situaciones vulnerables, principalmente mujeres, se ven empujadas a tomar medidas desesperadas como trabajo infantil, casar a niños para garantizar su supervivencia y, según algunos informes, incluso la venta de niños".

"Esta situación se ve acentuada por el impacto de las sanciones y la congelación de activos estatales. Las difíciles elecciones políticas que los estados miembro adopten en este momento crítico para evitar el colapso económico son, literalmente, a vida o muerte", ha argüido.

Al Nashif ha recordado que antes de la toma del poder en agosto por parte de los talibán, el año "había registrado las mayores cifras de víctimas civiles, con mujeres y niños representando cerca de la mitad del total", y ha agregado que desde entonces "los daños a civiles a causa de los combates se han reducido en parte".

"Los civiles siguen siendo víctimas y siguen en riesgo, dado que campañas despiadadas de ataques letales siguen en marcha por parte de Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP) y otros grupos armados", ha dicho, antes de expresado su alarma por "los continuados informes sobre ejecuciones extrajudiciales en todo el país pese a la amnistía general anunciada por los talibán tras el 15 de agosto".

En esta línea, ha reseñado que entre agosto y noviembre se han recibido "acusaciones creíbles" sobre la ejecución de más de cien antiguos miembros de las fuerzas de seguridad y otras personas vinculadas con el Gobierno del expresidente Ashraf Ghani, con más de 70 de estas muertes atribuidas a los talibán.

"Sólo en la provincia de Nangarhar parece haber un patrón con al menos 50 ejecuciones extrajudiciales de individuos sospechosos de ser miembros de ISKP. Se ha informado de métodos brutales de asesinato, incluidos ahorcamientos, decapitaciones y exhibición pública de los cadáveres", ha apuntado.

Por otra parte, Al Nashif ha mostrado su "profunda preocupación" por el "continuado riesgo de reclutamiento de niños por parte de ISKP y las autoridades de facto, con niños cada vez más visibles entre las fuerzas de seguridad en los puntos de control, como guardaespaldas y en labores de combate". "Los niños siguen constituyendo la práctica totalidad de los civiles muertos y heridos a causa de la explosión de artefactos", ha añadido.

"POCA PROTECCIÓN A NIVEL DE DERECHOS HUMANOS"

Por ello, Al Nashif ha hecho hincapié en que, si bien la toma de los talibán ha derivado en un "precario fin" a los combates contra las fuerzas gubernamentales, la situación "deja a la población con poca protección a nivel de Derechos Humanos".

"Las mujeres y las niñas en particular hacen frente a una gran incertidumbre en lo relativo al derecho a la educación, el sustento y la participación, en los que lograron importantes avances durante las últimas dos décadas", ha explicado.

De esta forma, ha reconocido que el decreto del 3 de diciembre sobre derechos de la mujer es "una importante señal", si bien ha matizado que "deja muchas preguntas sin respuesta". "No fija una edad mínima para el matrimonio ni se refiere a derechos generales de mujeres y niñas a la educación, el trabajo, la libertad de movimiento o la participación en la vida pública".

"Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de los 4,2 millones de niños afganos sin escolarizar, el 60 por ciento son niñas", ha recordado, antes de apuntar a la "ausencia de profesoras" y al hecho de que en muchos lugares las niñas sólo pueden recibir educación por parte de mujeres.

"Otros 8,8 millones de niños están en riesgo de quedarse sin educación debido a los impagos de los salarios de los profesores y los continuados cierres de escuelas", ha reseñado, antes de incidir en que las mujeres, "a excepción de algunas profesores y trabajadoras sanitarias y de ONG", "tienen prohibido trabajar".

Por ello, ha argüido que "la continuada participación de la mujer en todos los aspectos de la vida será fundamental para el futuro de Afganistán" y ha desvelado que los cálculos de socios de la ONU apuntan a que la restricción a las mujeres a la hora de trabajar podría generar unas pérdidas de mil millones de dólares (), lo que supone el cinco por ciento del PIB del país.

"Mientras más mujeres están siendo retenidas y dejadas atrás, el daño económico y social se acumulará durante las próximas generaciones", ha defendido, antes de incidir en que el respeto de los Derechos Humanos de los afganos, incluidas mujeres y niñas, "es esencial para la durabilidad de cualquier paz y estabilidad futura".

ATAQUES CONTRA MINORÍAS Y SOCIEDAD CIVIL

En otro orden de cosas, Al Nashif ha mostrado su preocupación por la expulsión desde mediados de agosto de miembros de la comunidad hazara y otras minorías, así como los ataques conrta miembros de la sociedad civil, con el asesinato de ocho activistas y dos periodistas desde agosto.

"La Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) ha documentado 59 detenciones arbitrarias, palizas y amenazas contra activistas, periodistas y miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, atribuidas a las autoridades 'de facto'", ha resaltado.

"Muchas defensoras de los derechos de las mujeres han sido amenazas y hay un temor generalizado por represalias desde la violenta represión de las protestas pacíficas por parte de mujeres en septiembre", ha dicho, antes de apuntar a "amenazas e intimidación" contra familiares de miembros de la sociedad civil.

En esta línea, ha recordado que "muchos medios de comunicación y numerosos grupos de la sociedad civil han cerrado", mientras que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán "no ha podido operar desde agosto".

"La seguridad de jueces, fiscales y abogados, especialmente las profesionales legales, es un asunto de particular alarma", ha manifestado. "Muchos están escondidos por temor a venganzas, también por parte de presos condenados que fueron liberados por las autoridades 'de facto', especialmente hombres condenados por violencia de género", ha explicado.

Por todo ello, Al Nashif ha argumentado que la forma en la que los talibán y la comunidad internacional hagan frente a las crisis en el país "determinaran cómo disfrutan los afganos de los Derechos Humanos". "Marcarán la diferencia entre unas vidas de dignidad y bienestar o acelerarán la injusticia, la privación y una trágica pérdida de vidas", ha advertido.

"El respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas por parte de las autoridades 'de facto', sin discriminación, es clave para garantizar la estabilidad. Un fracaso a la hora de respetar los Derechos Humanos llevará inevitablemente a más agitación y malestar y retrasará el desarrollo de Afganistán", ha remachado.