La ONU denuncia torturas de detenidos bajo los talibanes en Afganistán

La Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) urgió hoy al gobierno de facto de los talibanes a tomar medidas urgentes frente a reportes de más de 1.600 casos de violaciones de derechos humanos cometidos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2023, en 29 de las 34 provincias de Afganistán, por los fundamentalistas.

"Casi el 50 por ciento de estas violaciones comprenden actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", aseguró la UNAMA en un comunicado.

Estas cuentan arrestos en lugares de detención dependientes del Ministerio del Interior afgano y la Dirección General de Inteligencia, y se documentaron algunos casos en prisiones dependientes de la Oficina de Administración Penitenciaria.

Las detenciones corresponden a intentos de obtener confesiones u otra información y los detenidos fueron sometidos a "graves dolores y sufrimientos, mediante palizas físicas, descargas eléctricas, asfixia, posiciones de estrés e ingestión forzada de agua, así como vendamientos de los ojos y amenazas", detalla el escrito.

Profesionalizar a las autoridades penitenciarias

El informe destaca la urgente necesidad de profesionalizar a las autoridades penitenciarias y de seguridad del gobierno de facto en varias áreas, incluida su capacidad para realizar investigaciones.

"Los relatos personales de palizas, descargas eléctricas, torturas con agua y muchas otras formas de tratos crueles y degradantes, junto con las amenazas formuladas contra personas y sus familias, son desgarradores", afirmó en el informe el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Aún así, la representante especial del secretario general para Afganistán y jefa de la UNAMA, Roza Otunbayeva, agradeció la coordinación del gobierno de los talibanes para "comprometerse de manera constructiva con la UNAMA y permitir visitas a las cárceles".

La UNAMA, además, instó a los talibanes a establecer "un marco de asistencia jurídica más sólido" y abordar los bloqueos en el proceso de justicia penal causados por grandes volúmenes de detenciones arbitrarias sin una supervisión judicial efectiva.