El Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU ha concluido que España violó el derecho a la educación de un niño marroquí de ocho años en Melilla por no admitirlo inmediatamente en la escuela pública después de que se confirmara su residencia en el territorio español.
De madre marroquí, A.E.A. nació en Melilla en 2013 y vive desde entonces en el Estado español. Cuando tenía seis años, la madre de A.E.A. intentó matricularlo en la escuela, pero las autoridades no reconocieron su residencia. A pesar de varios procedimientos judiciales, las autoridades administrativas y judiciales locales se negaron a permitir que A.E.A. asistiera a la escuela pública, según se explica en el dictamen.
Su madre presentó una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en marzo de 2020. Ocho meses después, la policía confirmó que A.E.A y su familia vivían en Melilla.
El conflicto se resolvió en marzo de este año, cuando el Ministerio de Educación ordenó a las autoridades locales que permitieran a A.E.A. asistir a la escuela. Si bien, para entonces, había perdido casi dos años de educación formal, según advierte el Comité.
"Celebramos la decisión de admitir a A.E.A. en la escuela. Sin embargo, ha llegado demasiado tarde y no repara totalmente el daño causado por su prolongada ausencia de la escuela", ha indicado el miembro del Comité, Luis Pedernera.
Según añade, "todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, independientemente de su situación legal o la de sus padres" por lo que "A.E.A debería haber podido aprender en un aula y hacer amigos con otros niños y niñas de su edad, aunque no tenga la nacionalidad española".
El Comité instó al Estado parte a proporcionar a A.E.A. una compensación adecuada y a que adoptara medidas proactivas para ayudarlo a ponerse al día en la escuela.
"A pesar de que la legislación española garantiza la educación a todos los niños residentes, independientemente de su situación administrativa, A.E.A. y la mayoría de los demás niños sin permiso de residencia legal en Melilla se enfrentan a obstáculos de facto que impiden su escolarización. Esto supone una discriminación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño", ha subrayado Pedernera.
El año pasado, el Comité recibió con satisfacción la "rápida" decisión del Estado español de permitir que una niña marroquí de 12 años se matriculara en una escuela local. Hasta ahora, seis niños y niñas que han presentado quejas ante el Comité han sido admitidos en la escuela. Sin embargo, calculan que más de 150 niños sin un permiso de residencia legal en Melilla siguen excluidos del sistema educativo público.
Para evitar violaciones similares, el Comité ha pedido al Estado que garantice que las autoridades administrativas y judiciales locales tomen medidas eficaces y rápidas para confirmar la residencia de niños y niñas para admitirles en el sistema escolar público sin demora.
Fuentes del Ministerio de Educación indican a Europa Press que el procedimiento tardó un año en resolverse porque, a pesar de que éste Departamento es competente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en materia educativa, son las autoridades locales las que se encargan de analizar si se cumplen todos los requisitos para la escolarización y, por tanto, de hacer todos los trámites.
Quejas al Defensor del Pueblo
Pero este asunto no es nuevo. El Defensor del Pueblo lleva recibiendo quejas desde hace años en relación con las dificultades para la escolarización de niños y niñas extranjeros residentes en dicha ciudad autónoma por "problemas documentales", hechos ante los que la institución muestra su "preocupación" con la actuación y la falta de colaboración de la Dirección Provincial de Educación en Melilla.
Según el Defensor, esta Dirección, a pesar de los reiterados requerimientos del Defensor del Pueblo y de los dictámenes del Comité de Derechos del Niño (hasta siete), continúa sin escolarizar a un grupo de menores que han nacido en Melilla, o residen en la ciudad autónoma desde hace años. En unos casos, sus progenitores no tienen autorización de residencia y, en otros, a pesar de residir legalmente, no pueden empadronarse.
En el momento de publicación del informe (el 6 de mayo de 2021), había más casos similares al expuesto en el último dictamen de la ONU. Es el caso de cuatro hermanos nacidos en Melilla que, tras varios cursos sin escolarizar, también con medida cautelar del Comité solicitando su escolarización, consiguieron ser empadronados y, solo entonces, fueron escolarizados. "En este caso, se da la paradoja de que el padre de los menores es residente legal en Melilla", advierte el Defensor.
En otra de las quejas recibidas por la institución, uno de los menores, de una familia con tres hijos, continuaba sin escolarizar a sus 10 años. Nuevamente es el menor junto a su madre los que se encuentran en situación irregular, no así el padre que cuenta con residencia legal.
Caso "particularmente ilustrativo"
El Defensor del Pueblo también dio cuenta de otro caso, que califica de "particularmente ilustrativo de la situación que viven estas familias en Melilla", en el que la menor sí fue escolarizada, pero por cumplimiento de la resolución dictada por la ONU.
En esta situación, la madre de la menor fue tutelada por la ciudad autónoma como menor extranjera no acompañada, y tras acceder a su mayoría de edad sin obtener la autorización de residencia a la que tenía derecho, pasó a residir en Melilla en situación de irregularidad, donde tuvo a su hija.
Pese a su nacimiento en Melilla, donde reside desde su nacimiento en el año 2008, la niña solo consiguió ser empadronada 11 años después de su nacimiento, en 2019. Y, un año después, madre e hija han obtenido una autorización de residencia por circunstancias excepcionales.
"Pues bien, a pesar de todo lo anterior, la Ciudad Autónoma de Melilla incoó, en octubre de 2020, un expediente de oficio para dar de baja en el Padrón municipal a la menor, por supuestas irregularidades. Esta actuación provocó que el Defensor del Pueblo formulara una Advertencia a la Consejería de Presidencia y Administración Pública, para que cesara en esa actuación por considerar que se podría incurrir en la conducta prevista en el artículo 542 del Código Penal. En noviembre de 2020 se recibió comunicación del citado organismo indicado que se había archivado el expediente de baja", explica el Defensor.
Con todo ello, la institución insistió en su informe anual a la Delegación del Gobierno en Melilla en que debe velar para que "se remuevan los obstáculos existentes que provocan que estas mujeres y sus hijos padezcan situaciones de grave discriminación, al sufrir de manera desproporcionada los obstáculos administrativos que les impiden empadronarse, obtener la tarjeta sanitaria o escolarizar a sus hijos".
Denuncias de las ONGs
Asimismo, este dictamen llega pocos días después de que la Plataforma de Infancia desplegara una pizarra gigante delante del Ministerio de Educación, para pedir la escolarización de más de 150 niños y niñas de Melilla que no tienen plaza para el curso 2020/2021.
En la pizarra, desplegada el pasado martes, estaban escritos los nombres de los niños y niñas de Melilla que no han conseguido una plaza en el colegio para el próximo curso, muchos de los cuales llevan años en esta situación, según ha denunciado la Plataforma.