La Operación Ilex se enreda

Hace apenas unas semanas, las autoridades internacionales que luchan contra el dopaje reprendieron a España, a menudo opaca en esta clase de cuestiones. De hecho, la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) no descarta sancionar al Estado español si no se esfuerza con acabar con los tramposos y las tramas que les abrazan, convertidas en un clásico. Desde la AMA se exigen “acciones correctivas” en la lucha contra el dopaje a las autoridades españolas. En año olímpico, –la cita aguarda en verano en París–, se suele estimular la caza de los tramposos. Después de la Operación Puerto, que finalizó con algunas cabezas de turco, pero sin desentrañar el nudo gordiano del arcón frigorífico más famoso del deporte español, –por entonces no existía una ley específica que persiguiera el dopaje– la lucha contra el dopaje continúa siendo un laberinto difícil de desentrañar. La justicia española abraza un Código Penal que no persigue al deportista que saca ventaja, sino al entorno que recete, proporcione o administre las sustancias dopantes. Considera que es la salud del deportista el bien jurídico a proteger y no incide en la limpieza de la competición. Esos parámetros condicionan la lucha contra la trampa. En ese contexto se sitúa la Operación Ilex, que persigue una red de tráfico de productos prohibidos encabezada, supuestamente, por el doctor Marcos Maynar. El proceso parece estar camino de convertirse en la reedición en baja intensidad de la Operación Puerto. La resolución de la causa, instruida por el Juzgado de Cáceres, se puede dirigir hacia un limbo tras el escrito redactado por la fiscal del caso, Sonia Castañeda.

La Fiscalía de Extremadura ha solicitado el procesamiento del doctor Marcos Maynar, Vicente Belda, y dos personas más en una causa en el que se señala a Miguel Ángel López. El ciclista colombiano fue suspendido por la Unión Ciclista Internacional debido al “uso y posesión de una sustancia dopante (menotropina), que, supuestamente, Vicente Belda García, por entonces masajista del Astana, hizo llegar al ciclista colombiano en el Giro de 2022 según se desprende del informe de la UCO, que contiene las conversaciones y pruebas que implican a Marcos Maynar, Vicente Belda García y Miguel Ángel López, entre otros. La Fiscalía, empero, no ve delito de dopaje en esa relación y así lo ha constatado en su escrito.

El informe de la UCO acredita que Maynar envió a Miguel Ángel López una detallada planificación para la carrera italiana, donde se incluían las ampollas para inyectar menotropina, (testis en el argot que emplea el doctor), según publica el portal Ciclo21. El doctor envió a Belda García las ampollas del citado medicamento además de otros productos. Belda García reconoció que los productos llegaron a su hogar, pero señaló ante la jueza que arrojó los productos a la basura. Sin embargo, el volcado de las conversaciones y mensajes de teléfono relatan una historia muy diferente. Sitúan a Vicente Belda García en Budapest, donde se produjo la salida del Giro de 2022, con el cargamento. Iba al encuentro de Miguel Ángel López, cliente de Marcos Maynar.

A ESPALDAS DEL EQUIPO

Según el informe, el ciclista colombiano sufrió efectos secundarios que le imposibilitaron seguir en la carrera tras recibir la inyección de la sustancia. Miguel Ángel López se retiró en la cuarta etapa. Este explicó a Maynar que sufrió hinchazón de la pierna izquierda, dolores y diversas molestias provocadas por la menotropina. Así se constata en los mensajes interceptados que intercambiaron Maynar, Belda García y el ciclista. El informe de la UCO expone que para corregir esos efectos secundarios, el doctor recetó el uso de un antiinflamatorio inyectable a un masajista italiano, ya despedido del Astana, para que esa sustancia llegara a Miguel Ángel López sin que nadie sospechara. Toda esa relación se llevó a cabo a espaldas del equipo. A pesar de disponer de esa información, la fiscal del caso no ha hallado indicios de delito de dopaje.

En su escrito, la fiscal señala, según desvela El País, que “no ha podido quedar suficientemente acreditado ni a qué deportista iban destinados (los inyectables) ni a qué deportista iban destinados y en relación con qué concreta competición, ni si ha llegado a ser consumido o, en qué medida, el efecto producido ni el peligro que puede llegar a causar este medicamento con su ingesta”. Por lo tanto, solicita el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones porque se debe constatar que el medicamento ha causado “una situación de peligro para la salud del deportista”. Eso es lo que persigue el Código Penal, no la trampa en sí. Desde la Fiscalía se entiende que la menotropina es un medicamento autorizado y como tal no es susceptible de incorporar en la modalidad típica recogida en el Código Penal a pesar de que dicha sustancia puede tener un “fin dopante”. La Guardia Civil, que realizó las investigaciones a través de la UCO, defiende en su informe que el medicamento ha servido para violar las normas antidopaje con una sustancia prohibida por la AMA y que su uso causó daños en la salud de Miguel Ángel López. El ciclista colombiano es, de momento, el único sancionado. A la espera de la sentencia, la Operación Ilex se enreda.