El líder de la oposición conservadora alemana, el democristiano Friedrich Merz, ha exigido la puesta en marcha de un mecanismo de protección mejorada de las fronteras interiores de la Unión Europea (UE) si se retrasa la reforma del asilo prevista por el bloque.
"El número de refugiados que llegan a Alemania seguirá siendo elevado en un futuro previsible y amenaza con aumentar aún más en verano", ha hecho saber el presidente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en un correo electrónico a sus seguidores difundido el sábado.
El acuerdo sobre asilo alcanzado por los Estados miembros en Luxemburgo el jueves, según Merz, no es más que el prolegómeno de los "centros de acogida y registro de solicitantes de asilo en las fronteras exteriores de la UE" que comenzarán a actuar en 2024.
"Si la protección de las fronteras exteriores de la UE no es posible por el momento, habrá que proteger mejor las fronteras interiores. Cada país tiene el derecho y también el deber de controlar la afluencia a su propio territorio", ha hecho saber antes de matizar que esta afirmación "no va en contradicción con la libertad de circulación en Europa".
La inmigración es desde hace tiempo un tema espinoso en la UE. El acuerdo de la semana pasada entre los Estados miembros se ha anunciado como un gran avance, pero ha sido duramente criticado por las organizaciones de Derechos Humanos. Dentro de Alemania también hay opiniones muy diversas.
Por su parte, la ministra de Interior, Nancy Faeser, ha declarado su oposición a los controles fronterizos dentro de la UE. "Quiero defender el corazón de la Unión Europea: las fronteras abiertas en el interior", ha manifestado en una entrevista que publica hoy el dominical 'Bild am Sonntag'.
"Volver a poner barreras nos haría retroceder décadas. Perjudicaría enormemente a nuestra economía, a los muchos trabajadores y familias de este lado y del otro de las fronteras con nuestros países vecinos", ha manifestado la política socialdemócrata.
La mayoría de los ministros de Interior de la UE votaron la semana pasada a favor de una reforma integral que incluiría el envío de las personas procedentes de países considerados seguros a centros de acogida similares a los de detención una vez que entren en el bloque.
Allí serían examinados en un plazo de 12 semanas para determinar si tienen posibilidades de obtener asilo. En caso negativo, serían devueltos inmediatamente. El acuerdo debe negociarse ahora con el Parlamento Europeo, que podría introducir cambios.