El Gobierno vasco analizará si se ajusta a la legalidad el paso del exdirector general de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, SPRI, Alexander Arriola, a una empresa privada tras su cese, mientras la oposición ha anunciado iniciativas para pedir explicaciones por lo que ve "puertas giratorias".
Así lo ha confirmado en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, al ser preguntado por los cinco ex altos cargos del Gobierno autonómico que han fichado por empresas privadas tras sus ceses.
Son, además de Alexander Arriola, la exviceconsejera de Administración y Financiación en Salud Fátima Ansotegi, el exviceconsejero de Industria Javier Zarraonandia, el exdirector de Régimen Jurídico en Salud Ibon Etxebarria y el exdirector de Patrimonio Natural Aitor Zulueta.
Zupiria ha recordado que el paso de la administración a una actividad privada está regulada por ley y establece que los cesados "deberán comunicar" al órgano competente de sus intenciones de trabajar en una entidad privada para conocer de antemano si existe o no alguna incompatibilidad.
En el caso de Ansotegi, Zarraonandia, Etxebarria y Zulueta se formalizaron las consultas pertinentes y recibieron esa autorización al considerarse que no había incomtipatiblidad.
"La excepción", ha dicho Zupiria, se encuentra en el caso del exdirector de SPRI, que realizó la consulta correspondiente "y no obtuvo ninguna respuesta de la comisión pública que analiza estas peticiones".
Por tanto, ha confirmado el portavoz, el Departamento vasco de Gobernanza y Autogobierno realizará el "análisis correspondiente" para comprobar "cuál es la razón por la que no existió una contestación a la solicitud que en fecha y forma presentó esta persona".
La regulación de las "puertas giratorias"
En 2014 el Parlamento Vasco aprobó la ley que regula el código de conducta del cargo público y de su régimen de incompatibilidades que, entre otras cuestiones, establece que durante los dos años siguientes al abandono de su cargo, los altos cargos no podrán prestar ningún tipo de servicio ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas, sociedades o cualquier otra entidad de naturaleza privada con las que hubiera tenido relación directa desde su puesto.
Desde la oposición, Elkarrekin Podemos-IU ha registrado una pregunta y una solicitud en el Parlamento Vasco para que el Gobierno vasco explique las razones que le han llevado a conceder autorizaciones extraordinarias para que esos cargos "den el salto a la empresa privada sin cumplir el periodo de carencia de dos años que establece" la ley.
Además, EHBildu presentará mañana una iniciativa parlamentaria para "impedir las puertas giratorias".
También la dirigente del PP vasco y parlamentaria Laura Garrido ha pedido al Gobierno vasco a través de las redes sociales que dé explicaciones "inmediatas" sobre la "falta de transparencia de estas actuaciones".
Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado en Bilbao que supone que se ha actuado "dentro de la más absoluta legalidad" y de acuerdo a las excepciones contempladas en la ley. "Nos guste más o menos, no se puede decir mucho más", ha añadido.