Ante la escalada inflacionista que ha puesto en jaque a familias y empresas alavesas, agravada por la invasión de Ucrania, la oposición ha reclamado al Gobierno foral en la mañana de este miércoles en el pleno de control de la Juntas Generales más medidas de apoyo.
El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, ha tildado de insuficiente el aumento de la partida de apoyo a familias en especial situación de dificultad que no pueden acceder a las AES o la RGI, que ha pasado de 290.000 euros a 580.000. Rodríguez ha citado el último informe sobre Exclusión y Desarrollo social en Euskadi que ha desarrollado la Fundación FOESSA y Cáritas, según el cual las consecuencias socioeconómicas que ha dejado la pandemia sitúan a 200.000 personas en situación de exclusión severa en Euskadi y se profundiza en las brechas de desigualdad. 50.000 de ellas, ha señalado, son alavesas. El diputado general, Ramiro González, ha afirmado que la Diputación se está esforzando por mantener el empleo para solventar esas situaciones de necesidad y ha puesto en valor el incremento de la partida para estas familias hasta duplicarlo.
Por su parte, el presidente del PP alavés, Iñaki Oyarzábal ha asegurado que las medidas fiscales acordadas entre las tres diputaciones para ayudar a las empresas vascas no son exenciones, sino aplazamientos que apenas tienen impacto sobre las arcas forales. "En realidad se suben los impuestos por el efecto de la inflación, que está beneficiando a la Diputación, que no está devolviendo ese crecimiento de la recaudación a la gente", ha afirmado Oyarzábal. González ha respondido que con su discurso en favor de la bajada de impuestos el PP lo que hace es reclamar recortes. "Usted pide de forma encubierta un ajuste del gasto social", ha dicho.
Créditos covid
Por otro lado, la juntera del PP Marta Alaña ha pedido información a la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo, sobre los créditos covid gestionados por el Elkargi, que su formación pidió adaptar a la situación actual. Según Gonzalo, se ha pasado de un fondo de 500 millones de euros a coste cero y cinco años con uno de carencia, a 1.000 millones con dos años de carencia y seis para devolver.