El Ararteko registró el año pasado 348 quejas relacionadas con la sanidad, un 146,8% más que las registradas en 2020 (141). El Defensor del Pueblo vasco ha atribuido este "sustancial" incremento a la pandemia de la covid-19.
El informe del Defensor del Pueblo vasco, que ha sido presentado este martes en el Parlamento autonómico, indica que esta institución realizó el año pasado casi 12.491 actuaciones, un 27% más que el año anterior.
De dichas actuaciones, 7.578 corresponden a quejas y consultas y 47 a expedientes de oficio. Además, se han realizado un total de 9.445 servicios en las oficinas de atención directa. De ellos, 4.778 han sido las quejas y consultas presentadas presencialmente en alguna de las tres oficinas, y 4.667 han consistido en asesoramiento e información a través del servicio telefónico.
A su vez, esta institución ha realizado 50 reuniones con organizaciones sociales y 39 con diferentes administraciones: departamentos y direcciones del Gobierno Vasco, diputaciones forales, ayuntamientos y otras entidades. También ha participado en 126 actos y jornadas promovidos por administraciones, organizaciones sociales y defensorías a nivel estatal o autonómico y en otras 14 de dimensión internacional.
Durante el año 2021, se han resuelto 2.131 expedientes de queja y se han dictado 1.422 resoluciones. En el resto de los casos, se trata de inadmisiones sobrevenidas (duplicidad con otros defensores, cuestiones pendientes de resolución judicial o con sentencia firme, inicio de vía judicial). La duración media de los procedimientos de queja ha sido de 50 días.
Analizando esos expedientes de queja, en cerca del 45% existía alguna actuación incorrecta de la administración afectada, un porcentaje algo superior al del año anterior (43%). La administración afectada ha corregido y modificado la actuación que originó la reclamación en el 87% de los supuestos. En la mayoría de los casos no ha sido necesario dictar una recomendación formal por parte del Ararteko.
En función del área temática a la que se refieren las quejas, se observa que se han incrementado ligeramente las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social: 508 (frente a las 497 de 2020). De estos expedientes de queja, más del 90% se refieren a problemas diversos relacionados con las actuaciones de Lanbide en materia de gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
Como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la pandemia de la covid-19 se han incrementado "sustancialmente" las quejas relacionadas con la salud. De hecho, el Ararteko registró el año pasado 348 quejas relacionadas con la sanidad, un 146,8% más que las 141 que tramitó por esta causa en 2020.
Además, casi el 47% de los expedientes de queja tramitados tienen relación con derechos sociales (salud, inclusión social, vivienda, educación).
También las quejas referidas a los colectivos de atención pública suponen un número importante. Muchos de esos expedientes guardan relación con las políticas públicas dirigidas a garantizar la igualdad real y efectiva de todas las personas, eliminando los obstáculos que impiden o dificultan el ejercicio de ese derecho a mujeres, personas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas LGTB, inmigrantes o personas gitanas.
Atendiendo a la proporción de los expedientes tramitados que afectan a cada una de las administraciones, al igual que en años anteriores, el Gobierno Vasco ha sido la administración contra la que más reclamaciones escritas se han dirigido en 2021 (casi un 53%), y se mantienen sin grandes variaciones las referidas a actuaciones de los ayuntamientos (34%).
OFICINA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
El número de expedientes de queja en los que, de manera expresa, se cita la presencia o se encuentran implicados niños, niñas y adolescentes ha ascendido a 454 (16,4% del total de los presentados en el Ararteko).
Los asuntos relacionados con las condiciones materiales en las que transcurre la vida de las niñas y los niños suponen casi la mitad de las reclamaciones (47,4%), y el 28% los relativos al sistema educativo.
Las reclamaciones habituales en el ámbito del deporte escolar se unen en 2021 otras que manifiestan su desacuerdo con la suspensión o las grandes limitaciones impuestas a la organización y desarrollo de actividades deportivas en el contexto de la covid-19.