La pareja de Ayuso declara este jueves como investigado por presunta corrupción en los negocios

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, Ayuso, declarará este jueves como investigado ante la jueza Inmaculada Iglesias en el marco de la pieza separada abierta por la posible comisión de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal.

La citación a "los efectos del esclarecimiento de los hechos" investigados se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en un auto esta investigación impulsada por la acusación popular que representa al PSOE y a Más Madrid.

González Amador compareció el pasado 24 de febrero ante la magistrada como investigado en la pieza principal, si bien se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales.

Los magistrados estimaban que en el presente "momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal".

"Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", señalaban los jueces.

La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.

Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.

Nuevos delitos

La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L —empresa de Alberto González Amador— y su cliente Quirón Prevención S.L".

La resolución analizaba "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Masterman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".